Hay cierta similitud en la estrategias de defensa: intentar que la vejez sea sinónimo de impunidad o que sirva para lograr una suerte de perdón procesal que permita acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Es un recurso recurrente de los abogados de quienes son y fueron juzgados en Argentina por delitos de lesa humanidad. Y parecen haber marcado el camino para que los curas que están acusados de abusos sexuales sigan esos pasos.

Es una apelación a la piedad. Al pobre viejito inofensivo que alguna vez cometió un error. Ese es el argumento. Y lo acompañan de decenas de certíficados médicos, recetas para gerontes y la amenaza constante ante los tribunales de una muerte segura si los jueces no mejoran las condiciones de detención. En algunos casos, da resultado.

La situación del fiscal Fabricio Sidoti, de alguna manera, terminará beneficiando a los imputados por los abusos en el Instituto Próvolo. El magistrado va a Jury de Enjuiciamiento no por meter presos a los curas, sino porque no actuó correctamente (al menos así es la acusación) frente a una denuncia de abuso sexual en la que, se estima, podría haber evitado el asesinato de una joven a manos de su padre.

Si bien es cierto que el Ministerio Público es uno solo, y que cualquier fiscal puede hacerse cargo del caso, quedó abierta la puerta para que los abogados defensores intenten desacreditar todo lo actuado hasta ahora. Básicamente, pueden justificar que no confían en la capacidad del fiscal que intervino en primera instancia; que si no fue probo en una causa anterior, pudo no haberlo sido en esta ocasión. Son los riesgos que corren cuando los procesos disciplinarios para evaluar a fiscales y jueces se dilatan.

La suspensión de Sidoti cayó en mal momento. Será tomada como un triunfo para el Poder Ejecutivo, que había puesto la mira en varios fiscales y que todavía no había logrado una sanción que pudiese ser calificada como “ejemplificadora”.

De hecho, lo que perseguía Alfredo Cornejo era eso: darle un escarmiento a algún fiscal que hubiese actuado mal para luego bajar el mensaje al resto. Lo intentó con Daniel Carniello, pero el tiempo parece haber esfumado las acusaciones en su contra. Ahora, el nuevo objetivo era Sidoti, a quien, por fecha y por turno, le cayó la denuncia por los abusos en la escuela religiosa para chicos hipoacúsicos. Naturalmente, el proceso sufrirá un parate hasta que el nuevo fiscal se familiarice con el expediente.

Los relatos son tenebrosos. Desde tocamientos, felaciones y violaciones, hasta casos de zoofilia. Todo, bajo el halo protector y de inmunidad que, hasta que se conocieron los hechos, daba el uso de la sotana.

La reacción de la Iglesia como institución fue políticamente correcta. Sin embargo, los antecedentes jugaron en contra. Nadie había alzado la voz a pesar de saber que uno de los sacerdotes involucrados ya tenía acusaciones similares en Italia. Aquí se lo ocultó; se le dio refugio y silencio.

Esa coincidencia en las estrategias de defensa rememoró, por un lado, el caso de José Martín Mussere, ex miembro de las fuerzas de seguridad, acusado por delitos de lesa humanidad en San Rafael e integrante del Servicio Sacerdotal Nocturno. Murió meses antes de que el juicio en su contra llegara a su fin. Pero, también, recordó las veces que, hasta no hace mucho, la ultraderecha de la Iglesia católica supo meter la cola en las definiciones judiciales que pasaron por la Procuración.