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El Gobierno de Mendoza acordó con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que la Provincia será la encargada de reconocer a las comunidades indígenas mendocinas, entre otras nuevas funciones que asumirá el Ejecutivo provincial. De esta manera quieren evitar nuevos conflictos de posibles usurpaciones con las llamadas comunidades pseudo-mapuches en el sur.

El cambio en la política de asuntos indígenas fue convalidado por Claudio Avruj, presidente del INAI, quien participó de una serie de reuniones en la provincia para marcar el futuro del manejo en los casos de reclamos de estas comunidades. Esto quedó plasmado en un convenio de cooperación firmado por el funcionario nacional y el gobernador Alfredo Cornejo.

A partir de la firma de este convenio, el Gobierno de Mendoza asumió como principal interventor en estos casos. Donde el Instituto Nacional pasará a ser una “fuente de consultas”, y no actuará sin una notificación previa de la Provincia.

En diálogo con El Sol, Avruj aseguró que ahora los diálogos y acuerdos entre los indígenas y el Gobierno se efectuarán “sin intermediarios”.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, hizo hincapié en que el convenio firmado tiene como objetivo que no se repita lo que sucedió con el Gobierno anterior (en alusión a la gestión de Alberto Fernández)”, cuando por medio del INAI entregó más de 4 mil hectáreas a supuestas comunidades mapuches en Malargüe y San Rafael.

De esta manera, el Ejecutivo provincial será quien tendrá la jurisdicción para actuar sobre estos conflictos con las comunidades aborígenes. Francisco Mondotte, director de Asuntos Gubernamentales del Gobierno de Mendoza, resaltó que “nos comprometemos (Gobierno de Mendoza) a adjudicarnos las acciones que tenía el INAI” en estos casos.

A partir de la firma de este convenio, los municipios también tendrán un lugar para formar parte de los procesos. Las comunas podrán participar de los relevamientos y confeccionar un dictamen al respecto.

En Mendoza existen cerca de 35 comunidades indígenas registradas, en su mayoría en los departamentos de Lavalle y Malargüe.

Entre estas, algunas cuentan con relevamiento territorial, con personalidad jurídica o con sus trámites en proceso, aunque los casos suelen ser distintos entre sí. La validación de éstas ahora cayó enteramente en las manos de la Provincia.

También impacta en la minería

La aplicación del convenio implica cambios en los procesos de consulta previos a explotaciones mineras en zonas de la provincia con presencia de estas comunidades.

Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza, explicó que “dentro del marco del Código de Procedimiento Minero, existía un artículo que instruía a la autoridad minera a dictar un protocolo de consulta previa y libre e informada“, según implantó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989.

A raíz de esta reglamentación, en Mendoza “se elaboró esta norma que tiende justamente a garantizar la participación de los pueblos aborígenes en los asuntos mineros cuando un proyecto en particular tenga injerencia en el mismo”, explicó Shantal.

Este proceso será aplicado por primera vez en uno de los proyectos Malargüe Distrito Minero Occidental, una vez se comunique su expedición en el Boletín Oficial este jueves.

Para el director, este cambio supone “una norma de elevado criterio de sustentabilidad y que mejora las condiciones de participación comunitaria en  los proyectos mineros”.

Por su parte, Avruj consideró que “las comunidades tienen que entender que (la minería) implica desarrollo para el país y Mendoza”.

El cambio del INAI

El presidente del INAI definió que su presencia en Mendoza se basó en “notificar el giro que hicimos” en torno a la conflictiva relación que tuvieron el ente nacional y el Gobierno de Mendoza en años anteriores.

Mondotte recordó que, cuando llegó al Gobierno, “no había un vínculo oficial entre el INAI y la Provincia”, y ejemplificó que, en 2023 “la Provincia se desayunó (la concesión de terrenos) a través del Boletín Oficial”.

Avruj aseguró que “la experiencia con el Gobierno de Mendoza no va a volver a ocurrir”, y que al llegar al Instituto, “nos encontramos con un INAI fuera de toda lógica”.

La gravedad del conflicto que esto generó llevó a que el Gobierno de Mendoza llegó a plantear recursos en la Corte Suprema, hecho que no ocurrió en ninguna otra provincia que haya tenido un caso similar.

Pero en febrero de 2025, el INAI anuló las resoluciones que se había aplicado durante el Gobierno anterior, dejando sin efecto el reconocimiento que habían obtenido tres comunidades de presuntos mapuches para ocupar territorios en el Sur de Mendoza