El Gobierno de Mendoza ratificó el avance de un sumario administrativo contra un profesional del Ministerio de Salud y Deportes, investigado por la presentación de un certificado médico irregular. La constancia, que justificaba 24 horas de reposo por una lumbociatalgia, estaba firmada por un profesional que había fallecido cuatro años antes.
Según consta en el expediente administrativo, el hecho investigado ocurrió el 4 de septiembre de 2023, cuando el empleado estatal presentó un certificado médico con membrete del Hospital Alfredo Metraux.
El documento indicaba reposo por 24 horas debido a una lumbociatalgia y llevaba la firma y el sello del médico Armando Bermejo, especialista en Endocrinología y Diabetes.
Sin embargo, durante las actuaciones se constató que el profesional había fallecido en febrero de 2019 y que nunca había cumplido funciones en el hospital mencionado.
A partir de estos elementos, las autoridades consideraron que la conducta del licenciado en enfermería podría encuadrarse en las previsiones de los artículos 69 y 70 de la Ley 7759, que regula el régimen de los profesionales de la salud, según consta en el Boletín Oficial.
En julio de 2024, mediante la Resolución 1191, el Ministerio de Salud y Deportes ordenó la instrucción del sumario administrativo para determinar la responsabilidad del enfermero.
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Por qué rechazaron el planteo del empleado
Durante el procedimiento, el empleado solicitó que se declarara la caducidad del sumario. Su argumento se centró en el tiempo transcurrido entre el hecho investigado, ocurrido en septiembre de 2023, y la resolución que ordenó iniciar las actuaciones, dictada en julio de 2024.
El profesional sostuvo que ese período debía ser considerado para dar por finalizado el procedimiento disciplinario.
No obstante, tanto la Instrucción Sumarial como la Asesoría de Gobierno entendieron que el planteo era improcedente.
La normativa establece que los sumarios administrativos caducan cuando transcurren seis meses sin que se produzca un acto útil. Sin embargo, las autoridades señalaron que ese plazo comienza a computarse desde la resolución que dispone la instrucción del sumario y no desde la fecha del hecho investigado.
En ese sentido, el decreto remarcó que durante la tramitación hubo distintas actuaciones destinadas a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del agente.
Entre ellas, la notificación del inicio del procedimiento, la designación de un veedor por parte de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), la citación a indagatoria y la recepción de la declaración del sumariado.
Hasta el momento, el decreto no establece una sanción contra el estatal ni determina su responsabilidad definitiva por la presunta irregularidad del certificado médico.