La semana pasada, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) aceptó la propuesta paritaria del  Gobierno de Mendoza de un incremento salarial del 10% para los meses de abril, mayo y junio. Este acuerdo no sólo beneficia a los empleados públicos, sino que también a los 86 legisladores provinciales que a partir de este mes pasarán a cobrar hasta dos millones de pesos, en algunos casos.

Para ser precisos, un diputado o senador provincial en marzo percibió una dieta de 1.680.000 millones de pesos de bolsillo. Con el reciente acuerdo paritario, en abril, la Provincia le abonará a los miembros de ambas cámaras legislativas cerca de 1.850.000 millones de pesos.

Pero esta cifra se incrementa al sumar el ítem desarraigo para aquellos legisladores que viven a más de 100 kilómetros de la Legislatura.  

Mientras siguen los coletazos por el fuerte incremento autoimpuesto por los senadores nacionales, desde la Legislatura mendocina advierten que “nuestras dietas suben cuando suben los sueldos de los empleados públicos. Nosotros no decidimos cuánto queremos cobrar“.

El motivo del aumento de la dieta de los legisladores se debe a que su salario está atado a cada acuerdo paritario que el ATE haga con el Ejecutivo provincial. Esto se debe a la Ley 5.811, que en su artículo 26, señala que el gobernador de Mendoza dispondrá de un salario “equivalente a dos veces la retribución y asignaciones que por todo concepto corresponda al cargo y demás atributos particulares de la clase 013 del Escalafón General”. 

La clase 13 contiene a empleados de la Administración Central, a miembros del Poder Ejecutivo y también del Legislativo.

Durante el último acuerdo paritario, la cúpula gremial de ATE le pidió al Gobierno de Mendoza que el incremento salarial alcanzado la semana pasada no sea dirigido a los intendentes, legisladores provinciales y funcionarios.

Frente al pedido de ATE, diferentes legisladores coincidieron que “es entendible, pero que las leyes están para cumplirlas”.

Descuentos

Los 86 legisladores provinciales, al igual que cualquier empleado privado o público, en su bono de sueldo reciben una serie de descuentos, como los aportes patronales o en su defecto al pago del Impuesto a las Ganancias. Tras el incremento percibido en marzo, los miembros de las ambas cámaras legislativas debieron abonar ese tributo.

Esta serie de descuentos impactan en el salario bruto de cada trabajador pero los legisladores, como los funcionarios nacionales, provinciales o municipales, tienen una reducción debido al aporte que le realizan a su respectivo partido político.

“Es entendible que produzca enojo en la gente y que parece mucho lo que cobramos. Pero también tenemos grandes descuentos o gastos producidos por nuestro trabajo que la gente desconoce”, señaló un legislador que prefirió no ser nombrado.

Además de los aportes de sus afiliados, los partidos políticos se financian con un porcentaje de los cargos que ocupan sus respectivos dirigentes en el Estado. Esa cifra, que va desde el 5% hasta el 15% de cada salario, está estipulado dentro de la carta orgánica de cada agrupación.

Desarraigo

Pero no todos son descuentos, en la Ley 5.811 se encuentra un ítem denominado “Desarraigo”. Se trata de un adicional para aquellos para legisladores que vivan a más de 100 kilómetros de la Legislatura. La intención es dar una contribución a los gastos de traslado, hospedaje y comida que produce cada sesión.

El ítem le entrega un 3.5% más a los legisladores que vengan del Este de la Provincia como del Valle de Uco. Mientras que los senadores y diputados que están radicados en el sur de Mendoza, y por estar a más de 200 kilómetros, cobran un 5% de más.

Pasando en limpio: con el reciente aumento, un diputado de Tunuyán cobrará  aproximadamente 65.000 pesos de más por desarraigo. Mientras que un senador de Malargüe recibirá cerca de 95.000 pesos.

Un dato a tener en cuenta es que los legisladores podrán recibir estos montos siempre y cuando tengan asistencias perfectas a las sesiones. En caso de ausencias, recibirá un proporcional de las mismas.