Durante décadas, mendocinos y turistas disfrutaron de las instalaciones y pistas de nieve del centro de esquí Los Penitentes, pero desde el 2018 aquellos que visitan la Alta Montaña se encuentran con un predio “abandonado”.
Así lo definieron los propietarios de los departamentos ubicados en esa zona, quienes este sábado cortarán la ruta 7 para visibilizar su reclamo. En concreto, piden que el lugar recupere “la vida” que tenía, que las telesillas vuelvan a activarse y que, mientras el centro no funcione, sean eximidos de pagar impuestos.
El gobernador Rodolfo Suarez presentó este jueves el proyecto de ley para el llamado a licitación para la explotación del predio en el corredor internacional que conecta a la Argentina con Chile, luego de que volviera a manos del Estado tras la no prórroga de la concesión solicitada por la empresa Los Penitentes SA.
Sin embargo, dueños de los cinco edificios y cerca de 350 departamentos construidos décadas atrás en el predio de 42 hectáreas y 614 metros de pistas esquiables, consideran que se trata de “otra chicana” para “calmarlos” y hacerlos “seguir esperando”.

Verónica Tsallis es una de esas propietarias y vive sola en el edificio Juncal, que cuenta con 48 departamentos de 2, 3 y 4 ambientes. En diálogo con Diario El Sol, denunció “desidia” y “desinterés” por parte del gobierno.
“Quitaron la concesión sin tener un plan B. Los propietarios estamos esperando hace años y ya llegamos a una situación límite. Viene mucha gente, muchos turistas, y nos da vergüenza. Queremos que el Estado se haga cargo”, contó.
Ver también: Rodolfo Suarez presentó el proyecto de ley para el llamado a licitación de Penitentes
Los empresarios convocaron a pernoctar en Penitentes e iluminar los edificios este viernes. A su vez, en la mañana del sábado, realizarán un corte de ruta.
“Queremos soluciones ya. El proyecto de licitación es una chicana para calmarnos, nos vienen diciendo lo mismo hace años. El anuncio está muy bien, pero eso va a tardar. Queremos que el Estado venga, que se haga presente acá, que empiecen a cuidar el lugar, a limpiar. Nosotros pagamos las tasas y los impuestos inmobiliarios como todos los ciudadanos”, remarcó la empresaria.
El proyecto presentado por Suarez, habla del desarrollo de un polo turístico, económico y cultural. Al respecto, Tsallis opinó: “El proyecto turístico ya está, pero abandonado. Los edificios están”. Y agregó: “Esto es una mina de oro”.
Sobre cómo es vivir en medio de un Penitentes desolado, Tsallis contó que es “lindo pero difícil”, ya que el paisaje es imponente, pero no hay comercios ni servicio de Wi-Fi en la zona.
“Lo elijo por el lugar y porque es mi fuente de ingresos, pero es duro, uno se acostumbra a vivir en un lugar donde todos los días hay un problema”, comentó.
El proyecto debe ser tratado en la Legislatura, pero aún no hay una fecha concreta para ello, ya que el oficialismo quiere aprobar en las próximas semanas dos proyectos presentados por el Ejecutivo: la ampliación del juicio por jurados y la creación de la Oficina de Conciliación Civil y Comercial.
Desde el gobierno explicaron que “Turismo está trabajando en los pliegos” para que, una vez aprobada la norma, se avance en el proceso relacionado con el llamado a licitación.
Un poco de historia
El proceso de concesión de Penitentes comenzó en los años 70 y finalizó en 2018, cuando el gobierno, a través del decreto 217, rechazó la solicitud de extensión presentada por los concesionarios, la familia López Frugoni. Los Penitentes S. A. apeló esa decisión ante la Suprema Corte de Justicia, que en 2019 resolvió no hacer lugar a la demanda.
Ese año la Legislatura declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación seis polígonos, propiedad de dicha sociedad, y se dispuso que la Provincia “deberá destinar los inmuebles exclusivamente, por sí o en asociación con terceros, a la explotación turística, deportiva y comercial de un polo de actividades de montaña, descanso y cualquier otra actividad que estime menester, procurando en todo momento lograr el avenimiento con los sujetos expropiados”.
En 2020 se oficializó esta decisión mediante el decreto 860 del gobernador Rodolfo Suarez, que indicó que “resulta necesario contar con dichos inmuebles a la brevedad, para poder llamar a concurso público a fin de disponer de una nueva concesión de todo el predio”.
