La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se presentó este lunes en la Comisión de Ambiente e Hidrocarburos de la Cámara de Senadores para responder inquietudes de la oposición respecto del plan de desarrollo minero que intenta llevar adelante el gobierno de Alfredo Cornejo.
“Nuestra presencia se dio para responder de manera voluntaria distintos proyectos de informes que involucraban al Ministerio, poniendo en relieve nuestro compromiso con ser un gobierno abierto al diálogo y dispuesto a escuchar todas las voces”, expresó Latorre tras el encuentro.
Gran parte de las inquietudes de los legisladores de la oposición estuvieron vinculadas con Impulsa Mendoza, la herramienta creada por el gobierno provincial para promover el desarrollo del sector minero.
Durante la reunión, que se extendió por aproximadamente dos horas, Latorre explicó que la empresa encabezada por Emilio Guiñazú, a pesar de ser una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, se rige por principios de concurrencia y transparencia establecidos en la Ley de Administración Financiera.
La ministra destacó que el procedimiento de contratación de Impulsa Mendoza está disponible en su portal web y que las contrataciones deben cumplir con los principios legales correspondientes. Reconoció, sin embargo, que algunos aspectos técnicos y jurídicos podrían no ser plenamente comprendidos por los legisladores, justificando la necesidad de reuniones presenciales para aclarar dudas.
Las dudas de la oposición
El senador justicialista Félix González solicitó información detallada sobre el funcionamiento de Impulsa Mendoza. Si bien aclaró que está a favor del desarrollo de la minería en Malargüe, manifestó su preocupación sobre el proceso de toma de decisiones y las contrataciones.
En particular, González cuestionó la selección de la consultora GT Soluciones Integrales para elaborar el informe de impacto ambiental.
Por su parte, la también peronista Mercedes Derrache planteó posibles incompatibilidades en la gestión de Impulsa Mendoza, refiriéndose al caso de Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y presidente del directorio de la empresa.
La legisladora cuestionó la legalidad de esta doble función, sugiriendo que podría violar principios éticos y normativos. Pero Latorre negó que exista alguna incompatibilidad, ya que Sánchez Bandini solo percibe un salario como subsecretario y no como miembro del directorio.
Mientras que Valentín González (La Unión Mendocina) indagó sobre la posibilidad de que antiguos síndicos de Potasio Río Colorado, ahora parte de Impulsa Mendoza, puedan acceder a información privilegiada que beneficie a ciertos proyectos mineros.
Latorre también rechazó esta hipótesis, insistiendo en la separación entre la capitalización de la empresa y la información relacionada con los proyectos mineros.