Javier Milei prepara un paquete de cuatro reformas estructurales y siete proyectos que buscará priorizar desde el 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso. Aunque el mandatario aún no tiene definido el discurso de apertura, prevé reivindicar las iniciativas tratadas en extraordinarias y fijar el rumbo legislativo para 2026.
En la Casa Rosada aseguran que el objetivo es instalar una agenda de cambios de fondo, aunque reconocen tensiones internas sobre el orden de prioridades. “Vamos a intentar fijar una agenda ambiciosa”, sostienen.
Entre los primeros movimientos, el oficialismo intentará avanzar en Diputados con la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Glaciares, en caso de que esta última obtenga media sanción en el Senado. En el mismo nivel de relevancia ubican las modificaciones sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La coordinación parlamentaria y la secuencialidad de los debates quedarán definidas en los próximos días.
En Balcarce 50 también proyectan ratificar el acuerdo comercial con Estados Unidos y formalizar la adhesión al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump. Además, el Ejecutivo enviará el tratado entre el Mercosur y Singapur, actualmente en revisión en la Secretaría de Legal y Técnica que conduce María Ibarzabal.
En paralelo, se analiza una reforma a la Ley de Salud Mental para habilitar a jueces a autorizar hospitalizaciones, mientras que por ahora se descarta avanzar con un proyecto que flexibilice créditos en dólares para quienes no generan divisas.
El Gobierno ubica como eje central la reforma del Código Penal, con endurecimiento de penas, tipificación de delitos digitales y nuevas herramientas contra el crimen organizado. No se prevén cambios en la figura de femicidio ni en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
También figura en carpeta una reforma tributaria, aunque sin estrategia legislativa definida y con la posibilidad de un pacto fiscal con provincias como vía para coordinar una baja impositiva.
La hoja de ruta incluye además una reforma política que elimine las PASO, modifique el financiamiento partidario y ajuste el esquema de Boleta Única de Papel. En la misma línea, el Ejecutivo trabaja en una nueva Ley de Seguridad Nacional destinada a redefinir las competencias de Seguridad, Inteligencia y Defensa, en un intento por reordenar la arquitectura institucional del área.