El Estado provincial pagó este año sentencias judiciales por más de $6.915 millones, con un punto sobresaliente: el 75% ($5.156 millones) corresponde a intereses. Esta situación, vinculada en muchos casos a demoras administrativas del Gobierno para responder las demandas, obligó a las autoridades a buscar herramientas para agilizar los trámites y combatir una incipiente “industria del juicio” en Mendoza.
De acuerdo con datos de la Fiscalía de Estado, órgano extrapoder que se encarga de cancelar los juicios, el monto total representa un crecimiento de 188% en relación con lo abonado en 2023, por arriba de la inflación registrada en los últimos doce meses en Mendoza (153,3%).
En tal sentido, la enorme incidencia de los intereses aplicados las sentencias de 2024 se explica, fundamentalmente, porque hasta mediados de mayo se utilizó para calcularlos la tasa UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Es decir que se ajustaban por inflación, que creció exponencialmente en los últimos años en el país.
Tras un cambio legal, desde ese momento se comenzó a usar una tasa específica de préstamos privados del Banco de la Nación Argentina.
Por otra parte, el presupuesto 2025 de la Fiscalía de Estado prevé una erogación de $3.097 millones para la cancelación de 373 juicios con sentencia firme en contra del Estado. En el listado se destacan 48 fallos correspondientes a reclamos por daños y perjuicios, 71 acciones procesales y administrativas, 27 acuerdos transaccionales y 40 amparos sindicales y expropiaciones, entre otros.
El fallo que obligó a buscar soluciones
Cuando el Ejecutivo no resuelve una demanda administrativa, el potencial afectado puede recurrir a la Justicia con una acción de amparo por mora. Un caso emblemático se resolvió a principios de diciembre, con un histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia que condenó al Estado mendocino a pagarle más de $40 millones a un exempleado del Ministerio de Salud.
En mayo de 2021, un exagente del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) inició un reclamo administrativo para acceder al retiro por invalidez, tras obtener dos diagnósticos oficiales que ratificaban su discapacidad.
Ante la falta de respuesta del Ejecutivo –el expediente quedó paralizado durante más de 250 días en una misma oficina-, el demandante recurrió a la Corte con una “acción procesal administrativa en contra de la denegatoria tácita producida por el Gobierno de la Provincia frente al pedido de indemnización”.
Con un fallo unánime donde cuestionó las excesivas tardanzas administrativas, la Sala Segunda del máximo tribunal le dio la razón al extrabajador y ordenó al Gobierno pagarle $3,4 millones en concepto de capital y $36,8 millones por intereses legales. Eso no fue todo: los abogados intervinientes se llevaron más de $7 millones.
La respuesta oficial y las dudas opositoras
“Fue un caso aislado que nos sirvió para tomar medidas más severas”, admitieron desde el Ejecutivo provincial donde, tras el fallo, comenzaron a analizar herramientas que permitan ponerle un freno a los extraordinarios intereses que se generan por las demoras burocráticas para responder los expedientes.
“Estamos implementando procedimientos administrativos que agilicen la gestión para estos casos específicos”, manifestaron desde el Gobierno. El objetivo es darle un seguimiento más certero a los expedientes para evitar la mora administrativa que generan fuertes intereses.
Fuentes oficiales destacan además que puede haber sanciones o sumarios para los responsables de las demoras y que no hace falta modificaciones legales para avanzar en ese camino.
No obstante, un sector de la oposición que duda de la promesa oficial quiere que los cambios se implementen por ley y hasta presentó una denuncia en la Fiscalía de Estado para detectar y multar a los funcionarios responsables de las demoras que le cuestan millones al erario provincial.
En tal sentido, el senador demócrata Armando Magistretti presentó dos proyectos de ley para que “se pueda individualizar a los funcionarios que son responsables de no ejercer la competencia que les corresponde por ley, lo que trae como consecuencia que el Estado pague condenas millonarias por sentencias judiciales”.
Las iniciativas quedaron frenadas en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Pero el legislador insistió con su reclamo y presentó una denuncia en la Fiscalía de Estado para que se investigue la posible responsabilidad de los funcionarios del Ejecutivo por los “daños causados al erario público”.
La intención de Magistretti es “terminar esta impunidad” y que se determine al “responsable de esa falta disciplinaria, recayendo también sobre el mismo el sumario pertinente y sus efectos por el daño causado al patrimonio estatal”.
Así las cosas, resaltó que el artículo 2 de la ley 9003 “es claro en la responsabilidad de los funcionarios, por su morosidad o negligencia en el ejercicio de su competencia”.
Otra industria del juicio
Una fuente oficial reconoció que la demora para responder los expedientes generó una pequeña pero millonaria industria del juicio en Mendoza, que involucra a abogados privados que impulsan las demandas de extrabajadores públicos contra el Estado.
De acuerdo con el “Registro de sentencias” que la Fiscalía de Estado publica en su sitio web, durante 2024 se cancelaron aproximadamente 300 demandas a diferentes entes públicos.
Gran parte de esas condenas, que no necesariamente llegaron a la Corte, se relacionaron con atrasos administrativos que derivaron en la imposición de costas y honorarios millonarios, causando un evidente daño al erario público.
Por tal motivo, representantes del Ministerio de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno comenzaron a analizar un plan de trazabilidad que permita conocer y controlar de manera eficiente y en tiempo real el recorrido de cada demanda.
“Hay que sanear el sistema en un plazo determinado, arrancar de cero e implementar sanciones en caso de demoras injustificadas”, comentó una fuente oficial que sigue de cerca la negociaciones.