El Gobierno reglamentó la Ley 9625 de Administración Pública Digital y estableció las condiciones para avanzar en la digitalización de los trámites, el intercambio de información entre organismos y la incorporación de herramientas electrónicas para la relación con los ciudadanos. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2504, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo el 13 de noviembre y publicado este viernes en el Boletín Oficial.
La reglamentación organiza el funcionamiento del Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza (EDI Mza) y de la plataforma “Mendoza por Mí”, además de establecer responsabilidades para las áreas encargadas de la modernización y la infraestructura informática. Entre sus principales disposiciones, fija el principio de “Solo una vez”, que impedirá a los organismos del Poder Ejecutivo solicitar a los ciudadanos datos o documentos que ya estén disponibles en los sistemas estatales y hayan sido incorporados al ecosistema de interoperabilidad.
El decreto también establece que los organismos deberán aceptar la Identidad Digital Única como mecanismo válido de identificación en los trámites digitales, reconocer documentos presentados mediante el Portadocumento Digital Ciudadano y utilizar la Casilla Digital de Notificaciones como domicilio electrónico constituido. La reglamentación contempla, además, pautas de seguridad, protección de datos personales, auditoría y mecanismos de responsabilidad ante incumplimientos.
El Estado no podrá volver a pedir documentación que ya tiene
Uno de los cambios centrales de la reglamentación es la aplicación concreta del principio “Solo una vez”. A partir de la disponibilidad efectiva de un dato o servicio de información dentro del Ecosistema Digital de Integrabilidad, los organismos del Poder Ejecutivo no podrán volver a exigirle al ciudadano esa documentación por otro medio o en soporte físico.
La prohibición alcanza tanto a la solicitud de información como a los documentos que acrediten esos datos. El decreto también ordena revisar normas internas que todavía exijan firmas manuscritas o papeles cuando exista una alternativa digital legalmente equivalente y técnicamente disponible.
Los organismos deberán identificar esos requisitos y promover su modificación o derogación. Solo podrán mantenerlos de manera temporal si existe una excepción fundada por el área de origen y aprobada expresamente por la Dirección de Modernización. El incumplimiento injustificado podrá derivar en responsabilidades administrativas para los agentes y sus superiores jerárquicos, siempre que se sustancie el procedimiento correspondiente y se garantice el derecho de defensa.
Cómo funcionará Mendoza por Mí
La reglamentación establece tres herramientas centrales para la relación digital entre el Estado y los ciudadanos. La primera es la Identidad Digital Única (IDU), que permitirá acreditar la identidad de las personas ante los organismos del Poder Ejecutivo mediante la plataforma Mendoza por Mí.
El sistema deberá contemplar al menos tres niveles de seguridad —básico, sustancial y alto— según la sensibilidad y el riesgo de cada trámite. Los mecanismos podrán incluir contraseñas, doble autenticación, biometría o certificados digitales. La obtención y gestión de la identidad digital será gratuita para los ciudadanos, al igual que su utilización en trámites ante el Estado provincial.
La segunda herramienta será el Portadocumento Digital Ciudadano, que permitirá visualizar y verificar documentos digitales con la misma validez y eficacia jurídica que sus originales físicos, siempre que se cumplan los mecanismos de autenticación establecidos. Entre los documentos que podrán incorporarse se mencionan licencias de conducir, certificaciones de identidad, títulos, certificados de estudio y constancias administrativas.
La tercera será la Casilla Digital de Notificaciones, que tendrá carácter de domicilio electrónico constituido para personas humanas y jurídicas en los procedimientos administrativos provinciales. Las notificaciones se considerarán legalmente perfeccionadas el día hábil administrativo siguiente a su depósito en la casilla, independientemente de que el destinatario las abra, lea o descargue.
El sistema deberá registrar la fecha y hora de cada notificación. En caso de interrupciones generalizadas, fallas críticas o indisponibilidad técnica certificada, los plazos administrativos que estén corriendo o venzan durante ese período quedarán suspendidos y se reanudarán el primer día hábil posterior al restablecimiento del servicio.
Qué organismos deberán implementar los cambios
El decreto distribuye las responsabilidades entre la Dirección de Modernización, que actuará como Organismo Rector, y la Dirección de Informática, que tendrá el rol de Ente Ejecutor. Modernización deberá elaborar estándares técnicos, coordinar la simplificación de trámites, supervisar el funcionamiento del ecosistema digital y diseñar el Plan de Interoperabilidad Provincial.
Informática, por su parte, tendrá a cargo la infraestructura, la conectividad, la seguridad tecnológica, la plataforma de intercambio de información, el catálogo de servicios y la firma digital y electrónica. También deberá implementar mecanismos de monitoreo, contingencia y respuesta ante incidentes tecnológicos.
Cada organismo dependiente del Poder Ejecutivo deberá designar una Autoridad Digital Institucional dentro de los 30 días corridos de la publicación del decreto. Además, tendrá que presentar su plan de integración digital y un cronograma de adecuación tecnológica y procedimental, una vez publicado el Plan de Interoperabilidad Provincial.
La integración de los municipios no será automática. Se realizará mediante convenios específicos con el Ejecutivo provincial, que deberán establecer obligaciones, plazos, estándares y mecanismos de colaboración, respetando la autonomía municipal. Las disposiciones serán exigibles únicamente a las comunas que formalicen su adhesión.
Datos personales, controles y plazos de implementación
La reglamentación considera los datos administrados por los organismos públicos como un activo estratégico y establece una clasificación en tres categorías: datos de acceso público, datos públicos con restricciones y datos reservados o protegidos. Cada organismo deberá designar, además, un Oficial de Datos Institucional y un Encargado de Protección de Datos Personales, que trabajarán junto con la Autoridad Digital Institucional.
El decreto incorpora pautas obligatorias de protección de datos que incluyen consentimiento informado cuando corresponda, minimización de la información, limitación de finalidad, plazos de conservación, cifrado, controles de acceso y auditorías. También establece que los incidentes o brechas de seguridad deberán notificarse al Organismo Rector y a la Dirección de Informática en un plazo máximo de 48 horas, y comunicarse a los titulares afectados cuando corresponda.
En cuanto a los plazos, la Dirección de Modernización tendrá hasta 90 días corridos desde la entrada en vigencia del decreto para publicar los estándares obligatorios de interoperabilidad. Luego dispondrá de un máximo de 60 días para elaborar el Plan de Interoperabilidad Provincial, que deberá definir etapas, prioridades, cronogramas, responsabilidades y métricas de avance.
El incumplimiento de las obligaciones será evaluado bajo el régimen disciplinario vigente. Sin embargo, antes de iniciar un sumario deberán analizarse las posibles dificultades técnicas, presupuestarias, operativas o de conectividad que hayan impedido la adecuación, y en esos casos deberán adoptarse medidas de asistencia y acompañamiento institucional.
