El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) inició formalmente el proceso de Revisión Tarifaria correspondiente al Séptimo Período Tarifario, que regirá entre el 1 de agosto de 2028 y el 31 de julio de 2033. La decisión fue adoptada mediante la Resolución N° 201 y abre un proceso que determinará las condiciones de prestación y las estructuras tarifarias del servicio de distribución eléctrica durante los próximos cinco años.
La resolución establece que las empresas concesionarias deberán presentar sus propuestas de cuadros tarifarios, los montos anuales de Valor Agregado de Distribución (VAD) y los planes de inversión para todo el período.
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La documentación deberá estar respaldada por información técnica, económica y financiera. Las distribuidoras tendrán tiempo hasta el 31 de julio de 2027 para presentar sus propuestas completas, mientras que antes del 31 de enero de 2027 deberán entregar la información correspondiente al modelo de datos que establezca el EPRE.
El proceso no implica una definición inmediata de aumentos en las tarifas. El organismo regulador deberá analizar las propuestas de las distribuidoras y evaluar sus costos, inversiones y niveles de eficiencia. La normativa establece como principios rectores la sustentabilidad técnica, económica, social y ambiental del sistema, la prestación eficiente del servicio, la transferencia a los usuarios de las eficiencias alcanzadas y la fijación de tarifas justas y razonables, compatibles con la seguridad del abastecimiento y la calidad del servicio.
Uno de los principales cambios respecto de una revisión centrada exclusivamente en las estructuras tarifarias será la incorporación de nuevas tecnologías y recursos energéticos. El EPRE habilitó a las concesionarias a proponer inversiones vinculadas con energías renovables, generación distribuida, almacenamiento, gestión de la demanda, medición inteligente, redes inteligentes y electromovilidad.
Sin embargo, la incorporación de esas inversiones al Valor Agregado de Distribución no será automática: cada proyecto deberá demostrar mediante un análisis técnico-económico que genera beneficios para los usuarios, como menores costos de prestación, reducción de pérdidas, menores gastos de operación y mantenimiento, diferimiento de inversiones o mejoras en la calidad del servicio.
La revisión también contempla una actualización de las normas de calidad del servicio y del régimen de sanciones que regirá durante el período 2028-2033.
Una vez recibidas las propuestas, el EPRE tendrá 120 días corridos para analizarlas y luego dará 20 días a las empresas para formular observaciones. Posteriormente, el organismo remitirá a la Autoridad de Aplicación un informe técnico con las alternativas tarifarias y, tras la evaluación correspondiente, se elaborarán los cuadros tarifarios definitivos que serán sometidos a Audiencia Pública.
