El Gobierno autorizó dos subsidios extraordinarios por un total de $5.642.921.614,66 para garantizar la continuidad de dos programas estratégicos del sistema de salud provincial. Los fondos estarán destinados al Instituto Coordinador de Ablación e Implantes de Mendoza (Incaimen) y al Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico, con el objetivo de cancelar deudas con proveedores y asegurar el funcionamiento de ambas prestaciones.
Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos 1001 y 1321, publicados este viernes en el Boletín Oficial. El primero autoriza un subsidio de $600 millones para el Incaimen, mientras que el segundo dispone una transferencia de $5.042.921.614,66 para el Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico. En ambos casos, los recursos serán administrados por la Asociación Cooperadora del Hospital Central y Programas Especiales.
En el caso del Incaimen, el decreto señala que los recursos permitirán afrontar las deudas contraídas con proveedores y garantizar el normal funcionamiento del organismo encargado de coordinar los procesos de ablación e implantes en Mendoza. El programa cumple un rol central en la procuración y el trasplante de órganos y tejidos en la provincia.
Por su parte, el aporte destinado al Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico busca asegurar la continuidad de la asistencia que reciben pacientes con cáncer, además de cubrir obligaciones pendientes con proveedores vinculados a su funcionamiento. El Gobierno provincial justificó el desembolso en la necesidad de mantener operativas ambas políticas sanitarias.
Los dos expedientes fueron acompañados por informes de auditoría, documentación contable, certificaciones fiscales, dictámenes jurídicos y los avales administrativos correspondientes. De esta manera, el Ministerio de Salud y Deportes cumplió con los requisitos establecidos por la normativa vigente para el otorgamiento de subsidios públicos.
Los decretos también establecen que, si la entidad incumple con la rendición de cuentas, podrá ser inhabilitada para recibir nuevos subsidios, además de afrontar las sanciones previstas por la Ley 8706 y las disposiciones del Tribunal de Cuentas.