La diputada nacional Lourdes Arrieta enfrenta un día clave en la Cámara de Diputados de la Nación por su visita a un grupo de ex represores en la cárcel de Ezeiza. Para amortiguar el impacto de la controversia y evitar sanciones mayores, como su expulsión de la cámara, la libertaria mendocina presentó un proyecto para que se cree una comisión que investigue esa iniciativa que generó cuestionamientos, debido a que se trata de condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad.
La iniciativa se suma a una presentada por Unión por la Patria. Ambas se tratarían en la sesión de la Cámara baja de este miércoles, donde se espera que haya un debate intenso por aquella visita de seis diputados libertarios, entre los que se encontraba la joven legisladora mendocina, como atestigua esta foto que se conoció finalmente este martes.
La sesión no será para nada tranquila. En el orden del día, además de la discusión por los libertarios, se prevé debatir el fraude electoral en Venezuela y la bomba política que sacudió la escena de este martes: la denuncia de violencia de género que recibió el expresidente Alberto Fernández por parte de su expareja, Fabiola Yañez.
En este escenario, Arrieta presentó un proyecto, que cuenta con cinco artículos, en el que habilita a los miembros a contar con facultades para pedir pruebas relacionadas con los hechos investigados y el pedido de testimonios de los presentes.
La comisión dispondrá de un presidente, un vice y tres secretarios. En caso de que se apruebe, la conformación deberá darse a partir de los 10 días que la iniciativa sea sancionada y tendrá una duración de 60 días.
Arrieta aseguró días atrás que fue “traicionada” por su par libertario, Beltrán Benedit, quien encabezó la comitiva a Ezeiza. Pero sus declaraciones, en lugar de exculparla, la metieron en más aprietos: aseguró que no conocía a los ex represores y que al salir tuvo que guglear quiénes eran. La excusa que dio fue insólita.
Pero no es el único frente abierto por esta controversia. El fiscal Félix Crouse y el abogado Pablo Llonto, vinculado a derechos humanos, presentaron una denuncia contra los legisladores de La Libertad Avanza en el Tribunal Oral Federal Nº 5.
Los querellantes suponen los organizadores de la visita cometieron el delito de “falsedad ideológica”, porque Arrieta y Bonacci seguraron que fueron “engañadas“. Esto implica que no cumplieron requisitos exigidos por el Servicio Penitenciario Federal para ingresar a la unidad donde están los ex militares detenidos.
El kirchnerismo pedirá la expulsión
El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto similar al que redactó Arrieta, pero tiene un pedido especial de sanciones a los diputados libertarios.
En un principio, la sanción solicitada era la suspensión de los seis legisladores que estuvieron con los represores. Pero esa postura en el kirchnerismo cambió cuando se conoció la foto en el penal donde aparecen junto a los condenados a perpetua.
Pero para que la Cámara avance en una sanción, primero se deberá votar por alguno de los dos proyectos de comisiones que se presentaron. Una vez que suceda esto, el cuerpo elegido deberá dictaminar que tipo de pena se le aplicarán a los legisladores y luego se debe tratar en el recinto.
El bloque presidido por Germán Martínez pedirá la pena máxima, que es la expulsión de los legisladores. Esta decisión fue consensuada en una reunión que tuvo el bloque de UxP y referentes de los organismos de Derechos Humanos el pasado martes.
La postura de los diputados kircheristas parte de la aplicación del artículo 188, el cual dispone que “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”.
El artículo 66 de la Constitución establece que cada Cámara hará su reglamento y podrá “con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.
El Frente de Izquierda acompañará el proyecto de UxC, mientras que en el bloque de la UCR como del PRO se encuentran divididos. Una parte de la bancada radical se sumaría al pedido del kirchnerismo, mientras que otros solo votarían el pedido de la creación de la comisión. Misma situación sucede con los diputados del partido que preside Mauricio Macri.