Los principales gremios estatales de Mendoza intensificaron los reclamos para que el Gobierno provincial adelante la reapertura de las negociaciones salariales, prevista originalmente para la segunda quincena de junio. La presión sindical se apoya en el desfasaje entre los aumentos acordados para el primer semestre y la evolución de la inflación, que ya superó la pauta salarial pactada.

Los acuerdos firmados entre febrero y marzo contemplaron un incremento del 10% para la primera mitad del año, distribuido en un 7% en marzo y un 3% en mayo. Sin embargo, la inflación acumulada durante el primer cuatrimestre alcanzó el 11,9% en Mendoza y las proyecciones indican que podría acercarse al 16% al cierre del semestre, generando una pérdida de poder adquisitivo cercana al 5% para los trabajadores estatales.

Desde Casa de Gobierno confirmaron que existe la posibilidad de adelantar la convocatoria y que las conversaciones podrían comenzar durante la segunda semana de junio, aunque la definición final dependerá del Ministerio de Hacienda.

Uno de los primeros en plantear públicamente el reclamo fue el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Gustavo Correa, quien sostuvo que la discusión salarial debe contemplar el deterioro ya registrado en los ingresos de los empleados públicos.

“Sí, claramente, el planteo del pedido de adelantamiento de la partida tiene que ver con lo que ya se ha perdido y lo que claramente vamos a perder en el semestre”, afirmó el dirigente sindical. Correa señaló además que “la inflación fue de 12,4 en el cuatrimestre y nosotros teníamos 10 puntos en el semestre”, por lo que consideró necesario revisar los acuerdos en períodos más cortos para evitar que los trabajadores continúen perdiendo frente al avance de los precios.

“Es una alternativa que podemos imaginarnos plantearla para que no seamos los trabajadores los que perdamos respecto al proceso inflacionario”, agregó.

En la misma línea se expresó la secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), Claudia Iturbe, quien anticipó que el reclamo no se limitará a los porcentajes de aumento sino también a las bases salariales sobre las cuales se calculan las actualizaciones.

“Hemos perdido un 10% de poder adquisitivo real en lo que va del año. El problema de las actualizaciones semestrales es que se hacen sobre una base que quedó muy atrasada”, aseguró.

También el titular del gremio de los empleados judiciales, Ricardo Babillón, reclamó una convocatoria urgente y adelantó que buscarán recuperar el terreno perdido durante la primera mitad del año.

“Estamos esperando que llamen a la reapertura paritaria urgente, porque hemos perdido mucho. Vamos con la idea de pedir la recomposición de lo que se ha perdido hacia atrás”, sostuvo.

El dirigente agregó que las negociaciones también estarán vinculadas al avance de las discusiones por el convenio colectivo del sector y expresó su expectativa de que exista un esfuerzo adicional por parte del Ejecutivo provincial. “Esperamos que la Corte logre un esfuerzo del Gobierno para empezar a dar una señal de que realmente se quiere hacer algo serio y empezar a modificar la estructura salarial”, concluyó.

Finalmente, desde El Sol intentamos comunicarnos con dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pero no obtuvimos respuesta.

Mientras los gremios elevan la presión, el Gobierno provincial analiza el cronograma de convocatoria en un contexto donde la aceleración de la inflación volvió a colocar la discusión salarial en el centro de la agenda estatal.