El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza rechazó este lunes nuevamente un pedido de prisión domiciliaria presentado por el equipo de abogados del exjuez federal Walter Bento.
El exmagistrado, investigado por presuntos hechos de corrupción, argumentó en su solicitud que tanto la salud de su esposa Marta Boiza -también imputada- como la de su hijo Facundo Bento empeoraron.
Una reciente operación realizada a Boiza dificultaría los cuidados de Facundo Bento, que tiene una discapacidad producto de una encefalopatía crónica no evolutiva, por lo que el exjuez insistió en que el Tribunal le otorgue la posibilidad de continuar con su prisión preventiva desde su domicilio en el barrio Palmares. No es la primera vez que Bento hace este pedido. Incluso, en octubre de 2024 le concedieron el beneficio durante tres días. Luego, regresó a la cárcel federal de Cacheuta.
El tribunal integrado por Gretel Diamante, María Carolina Pereyra y Eliana Ratta esgrimió que “los derechos esenciales de Facundo y de Marta Boiza no se encuentran vulnerados, toda vez que cuenta con un entorno familiar-parental, terapéutico y profesional en resguardo de derecho esenciales”.
En tanto, manifestó que “el riesgo procesal es alto” ya que “desde otro plano debe advertirse que en la etapa en la que se encuentra el debate oral, ya transitando los alegatos de las defensas con pedido de declaración de responsabilidad penal por parte de la fiscalía respecto de Walter Bento en una multiplicidad de los hechos por los cuales fue acusado (también su esposa)”.
Walter Bento enfrenta una investigación en la que se lo señala como presunto jefe de una red que cobraba sobornos a cambio de favores para detenidos federales. Desde noviembre de 2023, tras perder sus fueros por decisión del Consejo de la Magistratura, permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo, mientras avanza el proceso judicial iniciado en julio de 2023.
Recientemente, concluyeron los alegatos del fiscal de la Procelac, Diego Velasco, por lo que ahora comenzó la etapa de exposición de las defensas. En primer término intervienen los defensores oficiales, que intentarán rebatir las acusaciones formuladas por la fiscalía, mientras que el cierre quedará a cargo del abogado de la familia Bento. Se prevé que esta fase de alegatos se extienda varios días.
Finalizada esta instancia, el tribunal deberá deliberar para establecer la eventual responsabilidad penal de Bento y del resto de los procesados. Si se concluye que existe culpabilidad, se dará paso al juicio de cesura: una audiencia en la que los jueces comunicarán su posición sobre la culpabilidad de los imputados y pedirán a la fiscalía la especificación de la pena solicitada.
En última instancia, será el propio tribunal el que determine la condena o medida de seguridad correspondiente para cada acusado.