El Gobierno de Mendoza rechazó el recurso presentado por una mujer que buscaba mantener la titularidad de una propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda ubicada en el barrio Francisco Amigores de Las Heras.
La medida oficial, que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, confirmó la anulación de los actos administrativos previos que le habían otorgado el inmueble.
El organismo hipotecario comprobó que la adjudicación original se concretó mediante la omisión deliberada de información clave sobre juicios de desalojo y reclamos de exclusión del hogar iniciados por la anterior ocupante.
La investigación administrativa determinó que la beneficiaria inició los trámites de regularización por ocupación ocultando la existencia de procesos judiciales en trámite y un vínculo directo con la adjudicataria original, quien era su madre.
Los antecedentes del expediente demostraron que la titular histórica no había abandonado voluntariamente la casa, sino que existían medidas de restricción de acercamiento y demandas judiciales cruzadas orientadas a recuperar la posesión del domicilio.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las normativas vigentes impiden entregar una vivienda por la vía de la regularización cuando se registran disputas legales activas o denuncias vinculadas a la tenencia del inmueble.
Al constatarse que la presentación original incluyó datos fraguados y omitió litigios en curso, las autoridades declararon la nulidad absoluta del proceso inicial y ratificaron la decisión del directorio del IPV de retrotraer la adjudicación.