El Gobierno de Mendoza reglamentó el nuevo sistema de Certificación de Medidas de Protección Aptas Contra Incendios (Ce.Me.P.A.C.I.). De esta manera, cumplió con el objetivo de descentralizar la emisión de ese certificado desde la Policía de Mendoza a los municipios que estén aptos. El decreto reglamentario de la ley que modificó el sistema incorporó un régimen de sanciones y multas que pueden ascender a los $4,8 millones.

A través del Decreto 2476, publicado este martes en el Boletín Oficial, se fijaron además los nuevos criterios para la emisión de certificados, las inspecciones obligatorias, las responsabilidades de los organismos intervinientes y el mencionado régimen de sanciones para los establecimientos que incumplan las condiciones de seguridad.

La normativa distribuye las responsabilidades entre la Dirección de Bomberos de la Policía de Mendoza, los municipios y los organismos del Poder Ejecutivo que sean habilitados para intervenir. Los municipios podrán emitir los certificados correspondientes a establecimientos de su jurisdicción siempre que dispongan de áreas técnicas específicas, integradas por profesionales con competencia e incumbencia en seguridad contra incendios.

En caso de que un municipio no tenga esa estructura técnica, la emisión quedará a cargo de la Dirección de Bomberos de la Provincia. Las áreas habilitadas deberán contar con profesionales matriculados, procedimientos documentados, equipamiento para realizar verificaciones y mecanismos de registro y seguimiento de las actuaciones.

Las nuevas multas

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la creación de un esquema de infracciones, con multas que pueden llegar a las 8.000 Unidades Fijas (UF). Además, ante situaciones que representen un peligro inminente para las personas, la autoridad competente podrá disponer la clausura temporaria o la inhabilitación de las instalaciones.

El decreto establece tres categorías según la gravedad del incumplimiento y el riesgo generado para las personas, los bienes, la salud pública o el ambiente.

Las infracciones leves contemplan multas de entre 100 y 500 UF. Entre ellas figuran no conservar o exhibir la constancia del Ce.Me.P.A.C.I. cuando su vigencia pueda comprobarse por otros medios, demorar injustificadamente la entrega de documentación y presentar deficiencias aisladas de mantenimiento que no comprometan los sistemas de protección.

Las faltas graves tendrán multas de entre 501 y 2.000 UF. En esta categoría se incluye no realizar la inspección anual obligatoria, mantener sistemas de protección parcialmente inoperativos, obstaculizar inspecciones o incumplir las observaciones técnicas dentro de los plazos establecidos.

Por su parte, las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de entre 2.001 y 8.000 UF. Entre las conductas contempladas aparecen iniciar o continuar una actividad alcanzada por la obligación legal sin contar con el certificado, falsear información técnica, desactivar sistemas de detección o extinción de incendios y bloquear las salidas de emergencia.

También se considerará muy grave superar las condiciones de ocupación aprobadas cuando eso comprometa una evacuación segura, adulterar certificados o incumplir una medida de seguridad dictada ante un peligro grave. En estos casos, además, el establecimiento podrá ser clausurado o inhabilitado hasta que se corrijan las deficiencias que originaron el riesgo.

Las multas se calcularán tomando como referencia la Unidad Fija prevista en el artículo 85 de la Ley 9024, correspondiente al régimen de tránsito, sin que eso implique aplicar las demás disposiciones de esa normativa. En el ejercicio 2026, el valor de las Unidades Fijas estaba en 500 pesos, pero el Gobierno lo aumentó exclusivamente para las multas de tránsito a 600 pesos. Se actualizará a partir del 1 de enero con la implementación de la nueva ley de avalúo.

La reglamentación también contempla la reincidencia: si el responsable comete una nueva infracción dentro de los dos años posteriores a una sanción administrativa firme, la multa podrá incrementarse desde un 50% y alcanzar un máximo de 12.000 UF. Además, podrá disponerse el cierre del establecimiento por hasta 30 días cuando la falta sea grave o muy grave.

Inspecciones anuales y nuevos requisitos para obtener el certificado

Otro de los aspectos centrales es la incorporación de una inspección anual para verificar el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios. Esta revisión será una condición para mantener la vigencia del certificado.

Para obtener o renovar el Ce.Me.P.A.C.I., los responsables deberán presentar documentación técnica firmada por un profesional matriculado. Entre los requisitos figuran una memoria técnica del sistema de protección, planos, documentación sobre la actividad del establecimiento, acreditación del vínculo jurídico con el inmueble y un plan de emergencia y contingencia.

Este último deberá contemplar responsables, procedimientos de actuación, comunicaciones, evacuación, puntos de encuentro, capacitación y simulacros.

Una vez aprobada la documentación, la autoridad deberá realizar una inspección técnica final obligatoria antes de emitir o renovar el certificado. En esa instancia se verificará el estado de los extintores, hidrantes, rociadores, sistemas de detección y alarma, reservas de agua, equipos de bombeo, iluminación de emergencia y vías de escape, entre otros elementos.

Si se detectan incumplimientos o diferencias respecto del proyecto aprobado, deberán ser corregidos y verificados antes de otorgar o renovar la certificación.

La reglamentación también habilita a los organismos competentes a recurrir a asociaciones de Bomberos Voluntarios para realizar materialmente inspecciones, verificaciones y pruebas operativas. Sin embargo, esa colaboración no implicará transferirles la responsabilidad ni las competencias de la autoridad que emite el certificado. Las asociaciones deberán tener un certificado de operatividad vigente y personal capacitado.