La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó este jueves el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla una serie de gestiones e iniciativas específicas para su cartera novedosas para el año que viene. Incluye algunas vinculadas a la ciberseguridad, la utilización de las cámaras para el tránsito, un nuevo régimen de sanciones en las cárceles; además de la designación de nuevos policías y penitenciarios.

En concreto, entre los anuncios más importantes se destaca la presentación de un proyecto de ley para modificar el Régimen Disciplinario y Sancionatorio de presos, un instrumento clave en el marco de la proliferación de casos de detenidos que utilizan celulares, por ejemplo, para realizar streamings.

También trabajarán un proyecto para modificar la Ley de Tránsito 9024, para incorporar controles con videovigilancia en las zonas críticas donde no acceden con los policías. Una modificación que puede abrir un escenario para registrar infracciones, que se suma al proyecto de Modo Testigo en el que los ciudadanos pueden registrarlas y eventualmente concluir en una multa -que está aún en vías de implementación plena-.

Otra iniciativa interesante que presentó la ministra está trabajado en conjunto con la diputada oficialista Yamel Ases, que pretende tockenizar bienes comercializados en el circuito legal para poder darle trazabilidad y que puedan ser rasteados en caso de robos. Incluye notebook, celulares, bicicletas y hasta mascotas. Básicamente, quieren implementar el mismo sistema que vienen trabajando con el robo de cobre y el abigeato. Así, buscan romper con el incentivo que genera la comercialización ilegal de estos bienes y darle garantía a las personas para que no compren robado.

Los anuncios también incluyeron un avance en las mejoras en el Plan de Ciberseguridad tras la aprobación de la ley el mes pasado. La particularidad de este punto es que no se le asignó un presupuesto específico y la ministra prometió que ponerlo en funcionamiento va a demandar un importante gasto. Por eso, contó que la semana pasada estuvo reuniéndose para conformar una estrategia de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo.

Respecto a las cárceles, la ministra explicó los alcances de la licitación que está próxima a ejecutarse (la semana que viene) de equipos inhibidores de celulares para poder instalarlos en los establecimientos de máxima seguridad. Esto demandará una inversión de más de 4.000 millones de pesos y fue uno de los puntos que generó más tensión en la Comisión, con los diputados de la oposición, principalmente por el gasto.

Los inhibidores se harán extensibles con un proyecto de ley a los cuerpos y bolsos en los accesos, para evitar ingresos de tecnología. Esta iniciativa también se presentará en la Legislatura la semana que viene.

Esta compra surgió de una fallida gestión con el ENACOM para que el organismo nacional obligue a las operadoras a bloquear los chips en las cárceles provinciales, algo que ya sucede en las federales, incluida Cacheuta. “Fracasé en ese intento“, reconoció la funcionaria.

Por último, Rus presentó un nuevo sistema que se implementará para mejorar la respuesta inmediata a través de drones, es decir, patrullaje con estas herramientas para poder atender principalmente los delitos que se detecten en flagrancia (en el momento en el que se está cometiendo). Sería Mendoza la primera provincia en ejecutarlo de ser así, señaló la ministra.

Más nombramientos de policías y penitenciarios

Rus dijo que en breve estarán presentando 293 nuevos policías que ya egresaron del Instituto Universitario de Seguridad Pública y están listos para entrar en operación.

Por su parte, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla 970 nuevos nombramientos. Unos 750 policías y 220 penitenciarios. Sería la mayor cantidad desde el inicio de su gestión. Sin embargo, contemplando las jubilaciones y el funcionamiento de los retiros voluntarios, consideran que habrá unos 120 policías más el año que viene.

Cuáles son los gastos que incluye el presupuesto

El proyecto incluye la pauta de gastos para el funcionamiento del Ministerio. En el caso de la Policía de Mendoza, el gasto será de 502.379 millones de pesos. El personal se lleva casi el 90% de esa partida. Mientras que el 10% restante en gastos corrientes que incluye los alquileres y el mantenimiento de los sistemas, entre otras cosas.

En el caso del Sistema Penitenciario, el gasto total que demandará es de 173.538 millones de pesos. El 56% se destina al pago del personal y el restante a los gastos corrientes que incluye el mantenieminto de las cárceles, incluida la licitación más cara que tiene el Ejecutivo, que es la compra de alimento para los presos (unos 4.500 millones de pesos en servicios).

En cuanto a las compras, tiene contemplados adquirir nuevas 1.200 cámaras de videovigilancia, 150 soluciones de videovigilancia móviles, 640 nuevas unidades del sistema TETRA, 600 pistolas 9mm, 350 equipos antidisturbios, 2.500 chalecos antibalas, 40 motos, 45 camionetas, 115 autos, 15 drones, 1 minibus, 30 equipos de rescate (en altura y buceo), 300 bicicletas, 15 furgones, 400 cascos, 10 camionetas para bomberos, entre otras cosas.

Entonces, el presupuesto total es de 676.553 millones de pesos. La Policía absorbe el 74% del presupuesto mientras que el Sistema penitenciario el 26%.

La ministra estuvo acompañada por el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biscupovich y el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo. Además de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Elisabeth Crescitelli.