La licitación nacional para concesionar 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7 en La disputa por la futura concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza ya tiene cinco protagonistas definidos. Constructoras mendocinas, uniones transitorias de empresas y gigantes nacionales presentaron ofertas para administrar durante los próximos 20 años uno de los corredores viales más estratégicos del país: el tramo que conecta el límite con San Luis con el Paso Cristo Redentor.
La licitación nacional incluye 329 kilómetros de ruta, nuevas estaciones de peaje, obras obligatorias en alta montaña y un esquema de mantenimiento integral que quedará bajo control privado, aunque con supervisión de Vialidad Nacional.
Las ofertas corresponden a José Cartellone Construcciones Civiles; la UTE integrada por Compacto, Edmacar y Tolcon; el consorcio conformado por Laugero, Green y Corporación del Sur; CPC SA; e IEB Construcciones.
La futura adjudicataria no solo operará el corredor internacional más importante de Mendoza. También tendrá a cargo el cobro de peajes en cuatro estaciones —dos existentes y dos nuevas— además de ejecutar obras consideradas prioritarias por la Nación.
Qué empresas compiten por la Ruta 7
Cartellone
Entre las oferentes aparece José Cartellone Construcciones Civiles SA, una de las firmas históricas de Mendoza y con fuerte presencia en infraestructura vial y energética.
Actualmente ejecuta trabajos sobre la ex Ruta Nacional 7, hoy denominada Ruta 22, en el tramo comprendido entre calle Arturo González y Cervantes, en Maipú. Ese antecedente la posiciona como una de las empresas con mayor conocimiento operativo de la red vial provincial.
Laugero, Green y Corporación del Sur
Otro de los grupos que busca quedarse con la concesión es la unión integrada por Laugero SA, Green SA y Corporación del Sur.
Laugero es la única de las firmas oferentes que ya intervino directamente sobre el Acceso Este, donde realizó tareas de reasfaltado en San Martín.
Green, por su parte, tiene actualmente uno de los contratos más importantes de la reconstrucción de la Ruta 22. La empresa ejecuta el tramo entre Arturo González y el nudo vial de Guaymallén, una obra de 11 kilómetros con una inversión cercana a los $64.000 millones.
Corporación del Sur también cuenta con antecedentes recientes en infraestructura urbana mendocina, entre ellos la renovación de calle Tirasso y trabajos sobre avenida Libertador, en el entorno del Parque General San Martín.
Tolcon, Compacto y Edmacar
La tercera propuesta corresponde a una UTE integrada por Tolcon, Compacto y Edmacar.
Tolcon nació en Rivadavia y acumula casi cuatro décadas de experiencia en obras públicas y privadas. Entre sus proyectos más relevantes aparecen el Polo Judicial y el nudo vial de Costanera y Vicente Zapata.
Compacto se especializa en producción y provisión de hormigón elaborado, mientras que Edmacar desarrolla actividades vinculadas a movimiento de suelos y construcción vial, principalmente en Buenos Aires.
CPC SA
La lista también incluye a CPC SA, empresa fundada en 1977 y actualmente vinculada al Grupo Indalo. La constructora desarrolló más de 200 proyectos de infraestructura en Argentina y otros países de la región, consolidándose como uno de los principales jugadores nacionales del sector vial y energético.
IEB Construcciones
La quinta interesada es IEB Construcciones, continuadora de Dycasa, firma con más de medio siglo de trayectoria en grandes obras públicas.
Entre sus antecedentes figuran el intercambiador de la Autopista 25 de Mayo con avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, y la autopista de acceso a la ciudad de Salta.
Los nuevos peajes y el sistema Free Flow
Uno de los puntos centrales de la concesión es la expansión del esquema de peajes sobre la Ruta 7. Actualmente existen dos estaciones de cobro: La Paz y Las Cuevas. El nuevo contrato sumará otras dos cabinas estratégicas en Variante Palmira y Potrerillos, llevando a cuatro el total de puntos de recaudación sobre el corredor mendocino.
La estación de Palmira estará ubicada en el kilómetro 1.015, sobre la variante diseñada para desviar el tránsito pesado del Gran Mendoza. Potrerillos, en tanto, se ubicará en el kilómetro 1.095, captando tanto el flujo turístico como el transporte internacional antes del ascenso a la cordillera.
El pliego establece además que el concesionario deberá implementar tecnología Free Flow, un sistema de cobro automático sin barreras físicas que permitirá reducir demoras, especialmente para camiones y transporte de cargas.
La empresa adjudicataria podrá comenzar a cobrar en las nuevas estaciones únicamente después de ejecutar las primeras obras obligatorias de puesta en valor.
Las obras obligatorias en alta montaña
Además de administrar los peajes y el mantenimiento general de la ruta, la adjudicataria deberá ejecutar un paquete de obras prioritarias definidas por el Gobierno nacional.
Entre ellas sobresale la reconstrucción del puente sobre el arroyo Uspallata, una intervención clave para reducir riesgos de cortes por aludes durante temporales.
También deberá construirse una rotonda en el cruce de la Ruta 7 con la Ruta 149, en Uspallata, uno de los puntos más conflictivos por la mezcla de tránsito pesado, turismo y circulación urbana.
El contrato además contempla repavimentaciones estructurales en sectores de alta montaña altamente castigados por el tránsito internacional y las condiciones climáticas.
Cómo será el control de la concesión
El pliego fija estándares obligatorios de calidad para la calzada y habilita controles permanentes por parte de Vialidad Nacional. La empresa deberá cumplir parámetros técnicos vinculados a rugosidad, ahuellamiento, drenaje y resistencia al deslizamiento, bajo riesgo de sanciones económicas si incumple.
Además, el contrato exige garantías por $6.900 millones y seguros de responsabilidad civil por hasta $15.000 millones. La apertura de sobres marca ahora el inicio de la evaluación técnica y económica. De las cinco ofertas surgirá la empresa o consorcio que controlará durante las próximas dos décadas el principal corredor internacional de Mendoza.