Cambió el ring, pero la pelea es la misma. Este jueves los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se reunirán desde el mediodía en el cuarto piso de Tribunales para analizar potenciales cambios al proyecto de reforma del máximo tribunal que impulsa el radicalismo.

Sin embargo, el encuentro tendrá dos ausencias de peso: los jueces Omar Palermo y Julio Gómez no se encuentran en la provincia y dejarán como único representante del sector filoperonista a Mario Adaro, quien ha cuestionado la iniciativa. Enfrente estarán el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, junto a Pedro Llorente, José Valerio y María Teresa Day, del ala filoradical que apoya el proyecto.

El debate ingresó en un punto de espera en la Legislatura, luego de las exposiciones de especialistas que brindaron sus argumentos a favor y en contra de la reforma. Como el radicalismo no consiguió el apoyo de sus socios políticos en Cambia Mendoza, el debate no pudo llegar al recinto esta semana ante la falta de despacho favorable en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

Así, la intención de lograr una aprobación express sucumbió ante los cuestionamientos de Gustavo Cairo (PRO) y Jorge Difonso (Frente Renovador-Unión Popular), el presidente de LAC que planteó que “así como está el proyecto es muy difícil que salga”.

Ahora la Corte tendrá la posibilidad de presentar una “propuesta superadora de consenso”, como le solicitó formalmente el radical Andrés Lombardi, presidente de la cámara de Diputados, a Garay.

Los peronistas destacaron esa decisión, con críticas al Ejecutivo. “Celebramos que triunfe la cordura y sea la propia Corte la que defina su funcionamiento, no la Legislatura. El Gobierno intentó politizar la Justicia, lo cual no es bueno para la democracia”, indicaron en un comunicado.

Las diferencias políticas esgrimidas en la Legislatura se trasladarán a la reunión de los supremos, donde la grieta también está muy marcada. Las negociaciones están trabadas fundamentalmente porque el oficialismo no parece dispuesto a aceptar los cambios sustanciales que propone la oposición.

Ahora todas las miradas se posaron en Tribunales. “La Corte puede hacer un gran aporte para destrabar la situación”, dijo Difonso. “Si la Corte puede encontrar un mecanismo interno de funcionamiento, hay que retirar el proyecto de la Legislatura”, consideró el diputado peronista Néstor Márquez. “Hay un 90% de coincidencias y solo queda consensuar un 10% para su tratamiento legislativo“, tuiteó por su parte el senador radical Martín Kerchner.

Existen algunas señales que permiten pronosticar una apertura de la iniciativa para lograr un consenso. Lo que el radicalismo no está dispuesto a ceder es su idea de eliminar las salas para terminar con lo que denomina “fórum shopping” y de implementar un tribunal colegiado donde todas las causas se sorteen.

En cambio, aceptaría las sugerencias respecto a las competencias del administrador general de la Corte, a quien se le deja el manejo de los recursos y los nombramientos del personal.