La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso clave para tomar el control total de la pelea legal por los recursos que genera el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. El máximo tribunal abrió un trámite especial dentro de la causa planteada por Mendoza contra el Estado Nacional y envió el expediente a la Procuración General para que emita su dictamen técnico.
Si bien todavía no se resolvió quién tiene razón sobre la propiedad de las regalías, la medida unifica el conflicto en la Corte. El movimiento judicial responde al planteo que habían realizado tanto Mendoza como la Nación para que la discusión no continuara en el Juzgado Federal de Santa Rosa, donde La Pampa había presentado una medida cautelar contra el nuevo esquema de distribución fijado por la Casa Rosada.
Decreto de la Nación y cautelar en La Pampa
La disputa volvió a encenderse el 11 de septiembre, cuando se oficializó el decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. La norma eliminó el esquema vigente desde 1973, que obligaba a repartir los ingresos en partes iguales entre ambas provincias, y dispuso que el 100% de las regalías futuras correspondan a Mendoza.
El argumento principal de la Casa Rosada fue puramente territorial: los embalses, los saltos de agua y las centrales generadoras sobre el río Atuel están ubicados íntegramente en Mendoza.
La reacción del gobierno pampeano fue inmediata. El 14 de septiembre, recurrió al Juzgado Federal de Santa Rosa y dos días después, el juez Juan José Baric dictó una medida cautelar que congeló la aplicación del nuevo decreto y ordenó no modificar el esquema de reparto de regalías.
Mendoza cuestionó que esa discusión se tramitara ante la Justicia federal pampeana porque el conflicto ya estaba radicado ante la Corte Suprema. En ese contexto, pidió que el juzgado se inhibiera y remitiera las actuaciones.
El Gobierno nacional realizó posteriormente un planteo similar y coincidió con Mendoza en que la controversia debía resolverse en la Corte. Ahora, el máximo tribunal dio un paso en esa dirección al formar un incidente y enviar las actuaciones a la Procuración General.
Un conflicto de cinco décadas
El conflicto tiene más de 50 años de historia. En 1973, el Gobierno nacional estableció que las regalías de Los Nihuiles se repartieran en partes iguales entre Mendoza y La Pampa: 50% para cada provincia.
Mendoza argumenta que aquel reparto inicial fue ilegal porque las obras y la fuente de energía siempre estuvieron en suelo mendocino. Por eso, exige que se declare la nulidad absoluta desde 1973 y pide la devolución de los fondos cobrados por La Pampa durante más de cinco décadas. Esa cifra está calculada en $67.338 millones a valores constantes de 2021.
Por su parte, La Pampa defiende el 50% que recibe y sostiene que su derecho también está respaldado por el Convenio Interjurisdiccional firmado en 1992 entre la Nación y ambas provincias, posteriormente homologado por la Corte Suprema.
Según la provincia vecina, los acuerdos firmados entre estados no se pueden romper con un simple decreto presidencial.
Qué significa el nuevo paso de la Corte
Con su decisión, la Corte abrió un nuevo incidente dentro de la causa principal y dispuso que las actuaciones pasen a la Procuración General de la Nación.
El paso resulta relevante porque se produce después de los pedidos de Mendoza y del Gobierno nacional para que la controversia sea concentrada en el máximo tribunal y no continúe por separado en la Justicia federal de Santa Rosa.
De todas maneras, la discusión de fondo sigue pendiente: por un lado, Mendoza sostiene que las regalías deben corresponderle íntegramente; por otro, La Pampa reclama mantener el 50% que percibía hasta ahora.
La resolución de esta disputa no solo es relevante por los fondos que ingresan mensualmente a las arcas provinciales, sino porque actualmente está en proceso el llamado a licitación pública para volver a privatizar el complejo Los Nihuiles.