Siete listas de docentes en un amplio espectro político compiten electoralmente para ganar sillas en las decisivas Juntas Calificadoras y de Disciplina. Los comicios se realizarán el jueves 16 de mayo. Los últimos fueron hace más de cinco años y obligan a elegir representantes a más de 48 mil trabajadores del sistema educativo de Mendoza.

Su importancia política es considerable. No sólo porque el proceso electoral moviliza más votantes que departamentos como Rivadavia o San Carlos, sino porque son abiertas, a diferencia de las que definen la conducción del Sute -donde unicamente sufragan los afiliados-. De hecho, no hay otra elección de agentes públicos en el Estado provincial que se le parezca.

Al ser obligatorias, participan del acto electoral tanto titulares como suplentes para designar los miembros gremiales de los cuerpos que se dedican a tabular sus méritos, como la Calificadora, o investigar las denuncias que pesan contra los maestros, como la de Disciplina.

Los comicios se producen luego de que el Sute aceptara la última propuesta de aumento salarial y, en algunas listas, aseguran que se irá a las urnas con el malestar de que estos acuerdos paritarios no satisfacen a toda la masa de empleados de la Dirección General de Escuelas.

Por otro lado, como en toda elección, hay más de una controversia. Una de ellas es que ese día los docentes no van a estar liberados. En otras palabras, el Gobierno escolar resolvió que haya clases y que los agentes tengan que trasladarse a la escuela más cercana. Los más complicados para movilizarse, según señalaron, pueden llegar a ser aquellos maestros con doble turno.

La otra cuestión es que la DGE también acortó las licencias para hacer campaña. En general, se otorgaban 30 días. Pero en este caso, serán 15 días solamente que tendrán los candidatos para recorrer los establecimientos y convencer a sus pares. La campaña arrancó el 16 de abril.

La pelea principal estará por elegir miembros gremiales: son los representantes de los trabajadores en estos cuerpos de decisión que afectan a la vida profesional. Es lo único que decide el docente, ya que las otras sillas están ocupadas por miembros designados por el Gobierno y por el Sute.

Aún así, por la importancia que tienen, también pujan listas más afines al Gobierno y con sintonía con el Sute.

Quiénes compiten

Hay siete listas, designadas por la Junta Electoral por colores. No todas tienen el mismo peso electoral: están aquellas más poderosas que han logrado consolidar candidatos en toda la provincia y en todos los niveles, para todos los cargos, y aquellas que sólo compiten por determinadas juntas.

Hay dos listas consideradas como las principales.

La primera de éstas es la oficialista Azul-Blanco, que está vinculada al Gobierno, mientras que la segunda es la Amarilla-Gris, relacionada con el Sute.

En ambos casos, los apoderados relativizan esta sintonía política y aseguran que son frentes electorales.

“No es que nos identificamos con el Gobierno, trabajamos para el Gobierno, porque somos docentes, directores, supervisores“, explicó Federico Gómez Centurión, candidato y apoderado de la Azul-Blanco y explicó que la lista se conforma por radicales, pero también por peronistas y personas que han trabajado con otros gobiernos y con otras conducciones del Sute. Más allá de lo ideológico, precisó, “tendemos a la misma finalidad, que es la defensa del docente“.

De igual manera, en la Amarillo-Gris, el historiador Pablo Tejada asegura que “no es la lista del Sute“, ya que “convergen diferentes agrupaciones, una ligada a la conducción” del sindicato. Para Tejada, lo que buscan es “que se respete el estatuto del docente“.

Luego asoma la oposición, con la lista Marfil, donde se encuentra una conocida ex dirigente del Sute, Cristina Rasso, hoy distanciada.

La Rosa-Blanco, conformada por independientes que expresan su malestar con el Gobierno.

La Turquesa, a la que suscriben, entre otros, directores, secretarias y docentes, como una lista independiente.

La Púrpura, a la que identifican con la histórica agrupación Celeste del Sute, que dirigía Gustavo Maure, y que cuenta con la conducción de cuatro departamentos en el mapa sindical.

Y, por último, la Blanca, que no tiene representación en todas las Juntas.

“Somos un frente de varias agrupaciones. Somos transparentes, no estamos pagando favores. Estamos en las escuelas y conocemos los problemas“, indicó Rasso (Marfil) y remarcó la importancia que tiene esta elección porque “es para los docentes“, ya que el gobierno escolar y el Sute ya tiene aseguradas las sillas en las Juntas. “Hay que ver quién está detrás porque es fundamental que no monopolicen los lugares“, suscribió.

Fernanda Lavenia, de la Rosa-Blanco, afirmó que “somos independientes de la conducción actual del sindicato y del gobierno. La gente está muy disconforme por las últimas paritarias“, añadió.

Alrededor del Tribunal electoral también hay suspicacias. Es que está compuesto por seis miembros elegidos por el Ejecutivo y otros seis por el sindicato.

Los reclamos

Alrededor de las seis Juntas Calificadoras y las dos de Disciplina sobrevuelan varios reclamos que se profundizan con los años, más allá de los problemas particulares de cada nivel o modalidad.

Como la Junta Calificadora es la que se encarga de evaluar la carpeta y puntuar el bono docente, una de las críticas que se ha realizado ha sido la de recuperar la presencialidad en los concursos.

“Uno de los problemas es la virtualidad que se tomó desde la pandemia. Hay docentes que o no tienen equipos, o los conocimientos, o internet y recurren a gestores que les cobran 10 mil pesos“, remarcó Lavenia. La propuesta de la lista Rosa-Blanco es que haya bimodalidad en los procesos administrativos: a la virtualidad, recuperar la presencialidad para el bono, los trámites y los concursos.

Para Gómez Centurión, las Juntas tienen que dejar “su caja de cristal” y tiene que “empezar a acercarse al docente“, la principal premisa que tienen en la Azul-Blanco. Hay, por otra parte, “un desconocimiento, los docentes no saben qué hacen las juntas“, lo que se suma a las demoras que pueden haber en los expedientes, sobre todo, en la Junta de Disciplina. “Quedan guardados y los trabajadores no saben si los van a juzgar“, sostuvo.

“El objetivo es presentar una propuesta que tenga en cuenta la mejora de los tiempos administrativos en las Juntas, que se desburocraticen procesos, que se cumpla con la normativa, que los procedimientos sean claros, que haya capacitación periódica de los equipos de gestión y una representación activa de los docentes“, señaló Eliana Moreira, presidenta de Aprodeme, la asociación de directores profesionales que respalda a la lista Turquesa.

Esa misma lentitud, indicó Gómez Centurión, se nota en las incumbencias de títulos y en los traslados transitorios. También Tejada (Amarillo-Gris) hace hincapié en la burocracia que hace más lentos los procesos administrativos. “En la Junta de Disciplina, queremos que los reclamos se resuelvan de manera más ágil y con mayor transparencia, garantizando los derechos de los docentes“.

El tribunal de Disciplina tiene una polémica aparte, donde la oposición considera que la DGE le sacó atributos a través de la resolución 519 de 2018, sobre un caso particular. Aquella norma ordenó que la Junta de Disciplina sólo tengan que investigar y que no resuelvan. “Quieren hacer desaparecer la Junta de Disciplina“, marcó Rasso.

Ahora, sólo son órganos consultivos que recomiendan a las autoridades de la DGE sobre los procesos contra los trabajadores del aula que son denunciados. La DGE explico en su momento que decidió volver al estatuto docente y el que resuelve es el conductor del gobierno escolar. Para diferentes listas de la oposición, tiene que volverse a lo que se acordó en la paritaria de 2009.