El Jury de Enjuiciamiento destituyó este lunes por unanimidad a María Elizabeth Lizán como titular del 12° Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial por “inhabilidad psicofísica”.
Lizán, de 66 años, estaba suspendida en sus funciones desde septiembre de 2022, tras ser acusada por prestar su firma a terceros, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras irregularidades. Desde ese momento cobraba el 50% de su remuneración.
En noviembre de 2021 empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras aportaron pruebas de las reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de Lizán. En junio de 2022, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, se hizo eco de las denuncias y pidió que el Jury de Enjuiciamiento revisara la conducta de la funcionaria.
Lizán fue acusada por no “dictar, controlar y firmar sus resoluciones”. En concreto, se confirmó que prestaba su token -un dispositivo personal e intransferible- a terceros para que rubricaran digitalmente escritos, muchos de los cuales ni siquiera revisaba. También hacía lo mismo con su firma ológrafa, ya que le pedía a los empleados que la falsificaran.
Otras irregularidades fueron “el destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros”.
Cuando estalló el escándalo, Lizán presentó su renuncia para intentar zafar del proceso que derivó en su destitución y acceder la jubilación. Sin embargo, el ex gobernador Rodolfo Suarez no admitió la dimisión, permitiendo que la causa avanzara.
Lizán reaccionó inicialmente recusando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que forman parte del Jury de enjuiciamiento. Luego, el mes pasado, pretendió que la restituyeran en su cargo, argumentando que se había superado el plazo legal para el inicio del juicio político (dos años desde la denuncia). En ambos casos, sus pedidos fueron desestimados.
Cambio de estrategia
Este lunes, los abogados defensores presentaron un escrito para poner en conocimiento del Jury que Lizán no se encontraba en condiciones de afrontar el proceso por “inhabilidad psicofísica“. Por ese mismo motivo, tampoco podía continuar ejerciendo su función como jueza de Familia.
Con certificados constatados por el Cuerpo Médico Forense, la defensa de Lizán solicitó el archivo de la causa en su contra por mal desempeño y desorden de conducta y que, en cambio, se modificara la causal del juicio político a “inhabilidad psicofísica”.
Ante esta situación, el Jury -integrado por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados- decidió de manera unánime destituir a Lizán por “inhabilidad psicofísica para ejercer sus funciones por razones de salud”. Inmediatamente la defensa de la ex jueza anunció que desistirá “de cualquier tipo de recurso respecto a la resolución adoptada”.