Una serie de imágenes íntimas de una preceptora fueron viralizadas en la Escuela Técnica N°4-120 General José de San Martín, del departamento homónimo, y obligaron a la Dirección General de Escuelas (DGE) a activar todo un protocolo, con intervención de la Justicia de Mendoza.

En concreto, lo que se sabe del hecho es que alumnos del colegio secundario tenían en su posición fotos y vídeos privados de una preceptora, los cuales habrían sido extraídos de una computadora de la sala de informática. Sin embargo, aún los responsables no fueron identificados y la Justicia investiga quién robó ese material.

Según la hipótesis principal, el usuario de mail de la mujer empleada del colegio habría quedado activo en una de las computadoras y el material habría sido extraído en esa oportunidad. Un estudiante reveló la situación y las autoridades del colegio tomaron intervención dando aviso a la DGE.

Cómo interviene la DGE en esos casos

En concreto, la Dirección General de Escuelas activó un protocolo por ciberdelito, que cuenta con una serie de acciones necesarias para intervenir primero en colaboración de la Justicia y luego en la posvención con los alumnos intervinientes.

Hubo una denuncia penal y el Ministerio Público Fiscal trabajó en el colegio. Peritos informáticos trabajarán sobre la computadora en cuestión para determinar si hubo un ingreso indebido y desde qué fuente. Hay menores de edad que podrían quedar involucrados a partir de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.

Mientras tanto, la Dirección de Acompañamiento Escolar de la DGE estuvo este lunes por la mañana trabajando en el operativo de intervención. Entre otras cosas, hubo una audiencia con los alumnos para concientizar sobre la relevancia del caso y sus posibles consecuencias. Además, citaron a algunos padres de los menores que tenían el material.

Por otro lado, hubo una intervención del personal del programa de Educación Sexual Integral que le corresponde a cada colegio para también realizar una audiencia con los alumnos.

En abril de este año ocurrió una situación similar cuando un grupo de estudiantes de Lavalle crearon y propagaron material prohibido de menores en Internet, lo que derivó en una denuncia e investigación de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual. La DGE en ese caso también intervino.