El gobernador Alfredo Cornejo empezó con el pie izquierdo su relación con el Poder Judicial. “El fallo de la Corte entorpece la seguridad”, dijo el mandatario este sábado y con esa frase generó malestar en el máximo tribunal, ya que no cayó nada bien que se comunique esa postura a través de los medios de comunicación y no a través de un –discreto– canal formal. La polémica se generó porque la actual gestión criticó el fallo que obliga a jueces y a fiscales a cumplir con lo que establece el Código Procesal Penal y con las constituciones nacional y provincial respecto al régimen de prisión preventiva.

La molestia en la Corte se generó porque aseguran que en el Poder Judicial no están acostumbrados a la polémica. Para algunos magistrados, quienes prefirieron mantenerse en reserva, la actitud del gobernador “no colabora” y una de las razones por la que varios ministros de la Corte se ausentaron de la reunión entre cornejo y el titular del máximo tribunal, Pedro Llorente, este lunes, es que no están interesados en formar parte de esa “parafernalia política”.

A los supremos les cayó muy mal la forma en que el Gobierno provincial manejó este tema. Varios consideraron que si el Ejecutivo tenía reparos debería haber hecho las presentaciones formales correspondientes y no una conferencia de prensa basada en críticas. “Lo que pretendemos es que no haya gente que esté presa sin control judicial”, señalaron.

Este lunes, Omar Palermo, Jorge Nanclares, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde, quienes firmaron el fallo, se ausentaron de la reunión entre Cornejo y Llorente, y se excusaron en que no estaba la ONG que presentó el hábeas corpus. Además desde el entorno de los magistrados aseguraron que Llorente no convocó a un plenario para analizar los reparos del Ejecutivo como le prometió este lunes a Cornejo sino que transmitió informalmente las quejas y luego se decidió llamar a una audiencia para analizar la implementación del fallo.

En tanto, desde el Ejecutivo, si bien ahora quieren dialogar y alejarse de la polémica, piensan en un plan B: avanzar en una ley para modificar los plazos que establece la resolución (y que están contenidos en el CPP). El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, volvió a referirse a esa situación y reiteró que ese hábeas corpus “excede las funciones de la Justicia porque tiene implicancias en todo el sistema de seguridad”.

“Podríamos impugnar o ser parte del expediente pero hemos optado por el diálogo”, indicó el funcionario de Cornejo. Sin embargo les siguió pasando factura porque consideró que “el diálogo debería haber sido antes”.