El padrón activo del Registro Provincial de Cooperativas se redujo significativamente en los últimos dos años en Mendoza. De acuerdo con los movimientos informados por la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, el padrón actualmente cuenta con 307 entidades registradas, pero ya suma 195 bajas en los últimos 24 meses.

Según estos datos, pasó de contar aproximadamente con 494 entidades al comienzo de 2025 a 307 actualmente, es decir, 187 cooperativas menos.

La reducción se explica principalmente por la cantidad de entidades que fueron retiradas del registro por acumular una serie de incumplimientos y atravesar los distintos procesos administrativos previstos para su cancelación. En 2025 se contabilizaron 140 bajas, mientras que durante 2026 ya son 55. En el mismo período se incorporaron apenas seis cooperativas en 2025 y dos en 2026.

Buena parte de las cancelaciones de este año fueron oficializadas la semana pasada por intermedio de una serie de resoluciones en el Boletín, mediante las cuales se dio de baja del registro a 7 cooperativas de distintos departamentos de la provincia.

Las medidas alcanzaron a entidades que habían recibido previamente el retiro de la autorización para funcionar y que no avanzaron con los procesos de liquidación correspondientes.

Este dato es clave, porque la cancelación del registro no es un trámite inmediato.

Según explicaron desde el organismo, el proceso comienza con los primeros incumplimientos reiterados. La causa principal y casi excluyente de los mismos es la falta de tratamiento de los balances en asamblea ordinaria.

Recién luego de constatarse esos incumplimientos, durante varios periodos, la Dirección de Cooperativas notifica el retiro de la autorización para funcionar. Sin embargo, esta medida es reversible: si la cooperativa vuelve a cumplir con los requisitos, el retiro se deja sin efecto y recupera su matrícula.

En 2025 fueron 82 los retiros de autorización dentro de las 140 bajas. Entre las 55 cancelaciones de lo que va del año se cuentan 25 procesos que son retiro de autorización. Es decir, hubo 30 cancelaciones definitivas.

La baja definitiva lleva mucho más tiempo de procesos administrativos. Por ejemplo, se notifica primero la baja de la autorización y luego se emplaza a la organización a realizar el proceso liquidatario. Si hay un nuevo cumplimiento, toma intervención Fiscalía de Estado, que debe dictaminar sobre los bienes de esa organización.

Toda entidad cooperativa que desee funcionar de manera legal en Mendoza debe cumplir con este registro local, de forma paralela a su matriculación nacional ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El requisito principal para tenerlo (además de la documentación que debe presentar) es presentar justamente el tratamiento en asambleas ordinarias de su balance anual.

Son 307 cooperativas las que integran el padrón activo del Registro Provincial de Cooperativas. Sin embargo, actualmente 257 de ellas tienen al día sus ejercicios económicos. Solo el 83%.

Las últimas cancelaciones del registro

Mientras tanto, la semana pasada el Gobierno dispuso la cancelación de siete cooperativas más del registro luego de constatar que las entidades no habían cumplido con los procesos de liquidación que se les habían exigido y que no registraban bienes de posible interés fiscal.

Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y llevan la firma de la directora de Emprendedores y Cooperativas, Andrea Nallim. Las resoluciones alcanzaron a entidades de distintos departamentos de la provincia.

Entre las cooperativas dadas de baja figuran Desierto Mágico, de Lavalle; La Colifata, de Luján de Cuyo; Crianceros de Agua Botada, de Malargüe; Conserveros del Sur, de General Alvear; Unidos de Ortega, de Maipú; además de Finanmarket y El Hornero, ambas con domicilio en Ciudad de Mendoza.

En todos los expedientes, la Dirección de Emprendedores y Cooperativas había dispuesto previamente el retiro de la autorización para funcionar. Estas medidas se dictaron desde el 2019 hasta el 2024 según cada caso. Se las emplazó a iniciar el proceso de liquidación previsto en la Ley Nacional 20.337, pero nunca iniciaron los trámites.

Ante el incumplimiento, los expedientes fueron remitidos a Fiscalía de Estado para evaluar la posibilidad de una liquidación judicial. Sin embargo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de ese organismo concluyó que las cooperativas no poseían bienes registrables de posible interés fiscal. Por ese motivo, consideró que avanzar con una liquidación judicial constituiría un desgaste jurisdiccional innecesario.

Además, en los expedientes se dejó constancia de que se habían enviado notificaciones a los domicilios denunciados por las entidades y que no se había manifestado su funcionamiento.

Con las nuevas resoluciones, la Provincia ordenó cancelar las respectivas inscripciones, tomar nota de las bajas en el Registro Provincial de Cooperativas y archivar las actuaciones.