La millonaria licitación para el servicio de recolección de residuos e higiene urbana de Las Heras sumó un nuevo capítulo de incertidumbre. La Fiscalía de Estado recomendó suspender el procedimiento, ante una denuncia que cuestiona la legalidad del llamado y la falta de información necesaria para determinar si la contratación cumple con los requisitos normativos.

Desde la Municipalidad de Las Heras aclararon que se encuentran dentro de los plazos para presentar los informes solicitados por el organismo de control. Por ese motivo, no se modificará la fecha para la apertura de sobres prevista para el 23.

Los detalles

El planteo está contenido en el dictamen 813/26 del 14 de octubre, y apunta a la Licitación Pública 1061, impulsada por el municipio para contratar servicios de recolección de residuos, higiene urbana y prestaciones conexas durante ocho años, cuyo presupuesto oficial asciende a $288.000 millones.

La intervención del organismo se produjo a partir de una presentación realizada por un vecino de Las Heras, quien objetó tanto el mecanismo utilizado para convocar a la licitación como las previsiones presupuestarias que respaldan una contratación de semejante magnitud y extensión.

En el documento, la Dirección de Asuntos Administrativos advirtió que todavía no cuenta con los antecedentes administrativos necesarios para emitir un pronunciamiento definitivo. Por ese motivo, solicitó que el Ejecutivo municipal aporte documentación e informes técnicos, contables y jurídicos antes de avanzar con el análisis de fondo.

Sin embargo, la proximidad de la apertura de ofertas, prevista para el 23 de octubre, llevó al organismo a plantear una medida preventiva: que el fiscal de Estado analice la procedencia de recomendar al municipio la suspensión del proceso licitatorio.

“Les pedimos una amplia fundamentación del plazo y sugerimos que no se adjudique hasta tanto no haya respuesta”, expresaron desde Fiscalía de Estado.

La sugerencia se fundamenta en la necesidad de resguardar el principio de juridicidad de la actuación estatal y evitar que el procedimiento avance sin que estén debidamente aclarados los cuestionamientos planteados.

Al ser consultados, desde la Municipalidad de Las Heras confirmaron que recibieron la solicitud de Fiscalía de Estado. “Tenemos un plazo de 15 días para presentar todos los informes y documentación. Tal como estaba previsto, la apertura de sobres se realizará el 23, eso no ha cambiado”, determinaron.

Los cuestionamientos a la licitación de Las Heras

Uno de los principales puntos de la denuncia está relacionado con las facultades del Concejo Deliberante para autorizar una contratación que comprometerá recursos municipales durante ocho ejercicios presupuestarios.

Según la presentación, el Departamento Ejecutivo convocó a la licitación mediante un decreto sin contar con la autorización del cuerpo legislativo que, de acuerdo con la interpretación del denunciante, sería necesaria en virtud de la Ley Orgánica de Municipalidades.

También se cuestionó la forma en que se registró el gasto. La denuncia señala que el volante de imputación preventiva contempla $2.800 millones correspondientes a un mes de 2026, mientras que los compromisos de los años siguientes figuran bajo la figura de reservas presupuestarias, sin una imputación ni autorización que, a criterio del denunciante, resulte suficiente.

En ese sentido, la presentación menciona compromisos que se extenderían hasta 2034 y sostiene que la contratación plurianual requiere analizar las autorizaciones correspondientes a cada ejercicio.

Fiscalía de Estado pidió que estos aspectos sean aclarados mediante la documentación presupuestaria y un informe de la Contaduría Municipal. También solicitó que se expliquen las eventuales diferencias entre los montos consignados en el volante de imputación, el decreto municipal 1231/2026 y los señalados en la denuncia.

Ocho años de contrato, bajo análisis

Otro de los puntos que el organismo considera necesario justificar es la duración de la contratación. La Dirección de Asuntos Administrativos pidió un informe técnico que explique por qué el servicio debe adjudicarse por 96 meses y de qué manera ese plazo se encuadra en las excepciones previstas por el artículo 100 de la Ley 8.706 de Administración Financiera.

Esa norma establece, como regla general, restricciones para comprometer gastos que afecten presupuestos de ejercicios futuros. Entre las excepciones contempla determinados servicios cuando la modalidad contractual constituye la única forma de garantizar su prestación regular y continua.

Por eso, Fiscalía de Estado solicitó que el municipio fundamente las razones técnicas, económicas y financieras que justifican el período elegido, además de detallar los criterios utilizados para calcular el presupuesto oficial.

El requerimiento también incluye un dictamen del servicio jurídico municipal que analice la legalidad de la contratación, tanto en sus aspectos procedimentales como sustanciales, y se expida sobre las normas invocadas en la denuncia.

Qué puede pasar con el proceso

La recomendación de Fiscalía de Estado no equivale a una orden de suspensión ni a una declaración de ilegalidad de la licitación. Se trata de una sugerencia dirigida al fiscal de Estado para que evalúe si corresponde recomendar al municipio que frene el procedimiento mientras se reúnen los elementos necesarios para esclarecer los cuestionamientos.

El dictamen establece que, una vez incorporados los antecedentes requeridos, las actuaciones deberán volver a la Dirección de Asuntos Administrativos para continuar con el análisis jurídico.

La definición adquiere relevancia por la cercanía de la apertura de ofertas y por el impacto económico de una contratación que compromete al municipio durante ocho años.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el proceso licitatorio para la gestión de los residuos en Las Heras, una contratación millonaria sobre la que la oposición había planteado dudas respecto de sus condiciones y alcances. Ahora, el municipio deberá aportar las explicaciones requeridas para que el organismo de control pueda avanzar hacia una evaluación definitiva de su legalidad.