El Gobierno de Alfredo Cornejo redujo del 12% al 6% las regalías que la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) debe pagar por la explotación del área petrolera El Sosneado, en San Rafael. La decisión quedó establecida mediante el Decreto 2202, publicado en el Boletín Oficial, y busca evitar el cierre de un yacimiento que atraviesa un escenario de baja productividad y dificultades económicas.
La compañía había solicitado una reducción de la alícuota al considerar que la explotación se encontraba cerca de dejar de ser rentable. Según los argumentos presentados por PCR, El Sosneado registra una declinación productiva anual de entre el 20% y el 25% desde 2019. Además, a octubre de 2025, cada pozo producía en promedio apenas 1,2 metros cúbicos diarios de petróleo y presentaba un corte de agua del 88,7%.
La empresa advirtió que, de mantenerse esas condiciones, el área podría operar a pérdida hacia fines de 2027, lo que obligaría a suspender las actividades. También señaló el incremento de los costos operativos y la competencia por recursos con los desarrollos de Vaca Muerta.
La rebaja de regalías será del 12% al 6% y elimina el mecanismo variable que estaba vigente desde la última prórroga de la concesión, aprobada en 2022. El nuevo esquema comenzará a regir desde la publicación del decreto y estará sujeto al cumplimiento de las inversiones comprometidas por la petrolera.
Las inversiones que deberá realizar PCR
Como contraprestación por el beneficio fiscal, la compañía asumió un programa de inversiones adicionales por USD 2,2 millones, que deberá ejecutar entre 2026 y 2032. El plan contempla tres reparaciones de pozos, con una inversión de USD 600.000; dos conversiones de pozos a inyectores para implementar un piloto de recuperación secundaria, por USD 400.000; y otros USD 1,2 millones destinados a instalaciones de superficie y diferentes trabajos.
La recuperación secundaria apunta a mejorar el factor de recobro del yacimiento mediante la inyección de fluidos para incrementar la cantidad de petróleo que puede extraerse de los pozos existentes.
El decreto también modificó los compromisos de inversión que PCR había asumido en 2022. En lugar de perforar un pozo de desarrollo pendiente, la empresa deberá completar diez reparaciones de pozos. Como ya realizó cinco intervenciones adicionales a las doce originalmente comprometidas, estas serán computadas a su favor y deberá ejecutar otras cinco, a razón de una por año entre 2026 y 2030. La inversión prevista para este compromiso asciende a USD 1 millón.
La modificación fue respaldada por informes técnicos de la Dirección de Hidrocarburos, que consideraron que perforar un nuevo pozo tenía una alta probabilidad de fracaso económico. Según esos estudios, las últimas perforaciones realizadas en el área habían resultado antieconómicas, mientras que las reparaciones de pozos existentes ofrecían un retorno superior a tres veces el de una nueva perforación.
Los controles y las condiciones para mantener el beneficio
La reducción de regalías no será automática ni definitiva. Mendoza estableció mecanismos de control para verificar que PCR cumpla con el programa de inversiones y mantenga las condiciones técnicas y económicas que justificaron la rebaja.
Entre las obligaciones, la compañía deberá presentar informes de las intervenciones, ensayos de producción, estudios geológicos y simulaciones que permitan estimar el incremento productivo. Además, tendrá un plazo máximo de 24 meses desde la notificación del decreto para entregar los resultados preliminares del piloto de recuperación secundaria.
También deberá constituir, dentro de los 30 días de notificada la medida, una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 20% del monto de las inversiones adicionales aprobadas. En caso de incumplimiento grave, la Provincia podrá ejecutar esa garantía, previa intimación a la empresa.
Por otra parte, PCR tendrá 90 días para presentar una nueva propuesta de compromiso de inversión contingente, con un valor económico y un impacto social similares a los establecidos en la prórroga de 2022. Si no cumple con esa obligación o la propuesta no resulta técnicamente razonable, el Gobierno podrá aplicar sanciones.
Finalmente, si la petrolera incumple sustancialmente el programa de inversiones que justificó la reducción, la Provincia podrá dejar sin efecto el beneficio y restablecer el esquema de regalías previsto en el decreto de 2022.