Mientras en el Congreso ya comenzó a debatirse la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, la litigiosidad en el sistema de Riesgos del Trabajo alcanzó un máximo histórico en la Argentina y volvió a poner en el centro del debate el rol del Poder Judicial, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y los mecanismos de resolución previa de conflictos.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y noviembre se iniciaron 122.875 nuevas demandas, lo que elevó a casi 132.000 los juicios acumulados en los últimos once meses, en un contexto paradojal: la siniestralidad laboral cae de manera sostenida, pero los reclamos judiciales no dejan de crecer.
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De acuerdo con el informe, la litigiosidad de 2025 reflejó un aumento del 5,1% respecto del mismo período de 2024, donde Mendoza (con 9.857 totales tuvo una suba de 18%) quedó en la quinta posición. Dicho periodo terminó con aproximadamente 125.842 a 128.000 nuevos juicios, lo que representó un aumento cercano al 7% respecto a 2023.
Certificados difíciles de comprobar y costos empresariales
Empresarios de la provincia pusieron el foco en esta problemática que atraviesa a distintos sectores productivos: la complejidad para determinar el origen real de muchos accidentes laborales y el fuerte impacto económico que generan los juicios en el ámbito empresarial.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Mendoza, Martín Sanchis indicó que existen certificados médicos frecuentes y difíciles de comprobar, como los vinculados a “lumbalgias” o dolencias momentáneas, que complican la gestión diaria de las empresas.
“Muchas veces aparecen certificados por dolores de espalda, rodillas o pies, lesiones que pueden haberse producido fuera del ámbito laboral, incluso durante un fin de semana, pero que luego se presentan como accidentes de trabajo”, señaló.
También mencionó los accidentes ocurridos durante el trayecto de ida o vuelta al trabajo, que representan una parte importante de los casos y suelen ser complejos de verificar.
El dirigente empresarial aclaró que no observa un “boom” de accidentes laborales en la actualidad, aunque remarcó que el volumen de juicios se mantiene en niveles similares a los de los últimos meses. En ese contexto, advirtió sobre situaciones de empleados desleales que acumulan certificados médicos sin fundamentos claros, lo que obliga a las empresas a afrontar costos salariales y legales prolongados mientras se intenta resolver cada caso.
Una mirada similar aportó Rubén David, encargado de Oscar David, quien sostuvo que, en Argentina, resulta muy difícil determinar si un accidente leve ocurrió efectivamente en el lugar de trabajo, durante el trayecto o fuera del horario laboral.
“En lesiones menores, como esguinces o golpes, es casi imposible saber dónde se produjeron realmente, y eso termina perjudicando siempre al empleador”, afirmó.
David apuntó directamente contra la denominada “industria del juicio”, a la que calificó como un problema histórico para el sector empresario. Según el empresario, aún contando con seguros, los costos indirectos terminan impactando en las empresas a través del aumento de tasas y primas, lo que en muchos casos vuelve inviables los números.
“Cuando los costos se hacen imposibles, hay empresas que dejan de tomar personal o directamente no pueden sostenerse. Dentro del negocio tenemos muy pocos accidentes, apenas golpes menores. La prevención funciona”, advirtió.
El titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Juan Viciana, por su parte, especificó que, a pesar de lo que se cree, a la hora de un juicio laboral “las causas son múltiples y la conflictividad es una de ellas”.
“Ni al empleador ni al empleado les interesa la conflictividad. Ambos buscan en su relación desarrollarse como personas alcanzando sus sueños”, determinó.
A su vez, el presidente de UCIM dejó entrever que las cifras de desempleo son “escalofriantes” y por lo que lo más “sensato” sería actualizar las legislaciones.
“Creo que nuestra sociedad está madurando para abordar estos temas. Una legislación moderna, alejaría bastante esta conflictividad. Se tocarán intereses desde luego, pero eso sí será para el bien común”.
Las fallas en el sistema
Desde Mendoza adviertieron que detrás del crecimiento de los juicios existen fallas estructurales, demoras administrativas y tensiones entre el derecho de los trabajadores a acceder a la Justicia y los intereses económicos del sistema.
Celeste Cantos, presidenta de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Mendoza, remarcó que la provincia fue una de las primeras en adherir a la Ley Nacional 27.348 de Riesgos del Trabajo, lo que estableció una instancia administrativa previa y obligatoria antes de iniciar una demanda judicial.
“El trabajador que sufre un rechazo del accidente, una enfermedad profesional o una incapacidad menor a la que considera real, primero debe pasar por una comisión médica jurisdiccional”, detalló Cantos en diálogo con El Sol.
En esa instancia, médicos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo evalúan el caso, realizan exámenes clínicos y emiten un dictamen que puede confirmar o rechazar la incapacidad.
Solo si el trabajador no está de acuerdo con esa resolución, cuenta con 45 días hábiles judiciales para iniciar una acción laboral ordinaria, la cual debe estar respaldada por un certificado médico de discrepancia. “No es que cualquiera inicia un juicio porque sí”, subrayó la especialista.
Juicios más breves
Cantos también destacó que Mendoza cuenta con un esquema procesal que agiliza los tiempos judiciales y promueve acuerdos tempranos. “Hoy los juicios laborales duran alrededor de un año. Una vez producida la pericia médica, se realiza una audiencia inicial donde se invita a las partes a conciliar. Muchas veces ahí se alcanza un acuerdo”, detalló.
Además, la provincia incorporó el Cuerpo Interdisciplinario de Peritos, previsto por la ley nacional y creado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Este cuerpo puede supervisar pericias médicas ya realizadas y sugerir correcciones o ampliaciones cuando el juez lo considera necesario. “Es una herramienta clave para dar mayor transparencia y control técnico al proceso”, señaló Cantos.
No obstante, la abogada reconoció que existen demoras en la etapa administrativa, especialmente en las audiencias médicas, lo que prolonga el recorrido del trabajador antes de llegar a una solución definitiva.
Desde otra mirada, el abogado laboralista Emiliano Porte (Mat. 11.695) coincidió en que la reducción de accidentes laborales es un hecho positivo y responde al rol preventivo que asumieron las ART. “La ley de riesgos del trabajo tiene como función principal la prevención del daño. Que la siniestralidad baje significa que el sistema, en ese aspecto, está funcionando”, explicó.
Sin embargo, advirtió que la caída de los accidentes no elimina los conflictos. “Hay casos en los que las ART rechazan siniestros o brindan prestaciones médicas, pero luego dictaminan que no existe incapacidad. Frente a eso, el trabajador tiene derecho constitucional a que un juez revise lo ocurrido”, sostuvo.
Pronotto fue contundente al señalar que las ART “son compañías de seguros con intereses económicos” y que, en algunos casos, los rechazos obligan al trabajador a judicializar su reclamo para obtener una respuesta justa.
El rol clave de la conciliación obligatoria
En el caso de Mendoza, Porte destacó el impacto de la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria (OCLO), creada en 2017. “Desde su implementación, los juicios laborales se redujeron en más de un 60%. No es obligatorio conciliar, pero sí pasar por esa instancia antes de ir a la Justicia, y eso fomenta enormemente el diálogo”, explicó.
No obstante, advirtió sobre un punto central: “El trabajador es la parte más vulnerable de la relación laboral. Por eso es fundamental que comparezca con un asesoramiento legal adecuado, porque en esa instancia se transan derechos que luego no llegan a revisarse judicialmente”.
Un debate vinculado a la reforma laboral
El crecimiento de los juicios por riesgos del trabajo se da en paralelo al debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Según Cantos, algunos cambios proyectados, como la redefinición de conceptos remunerativos, podrían impactar indirectamente en las bases de cálculo de indemnizaciones dentro del sistema de riesgos del trabajo.
Mientras tanto, los especialistas coinciden en que el desafío no pasa solo por reducir la litigiosidad, sino por mejorar el funcionamiento de las instancias previas, garantizar pericias médicas confiables y equilibrar el acceso a la Justicia con la sostenibilidad del sistema.
En ese escenario, el modelo mendocino aparece como un caso testigo: menos tiempos judiciales, más conciliación y un mayor control técnico, aunque todavía con desafíos pendientes en la etapa administrativa.