El Partido Justicialista confirmó que este miércoles presentará ante la Suprema Corte para que se declare la inconstitucionalidad por omisión del Ejecutivo frente a la falta de convocatoria a elecciones legislativas provinciales.

La presentación también incluirá un pedido de declaración de certeza, con el fin de emplazar formalmente al gobernador Alfredo Cornejo a que defina si convocará o no los comicios en simultaneidad con las elecciones nacionales. El gobernador tiene tiempo hasta el 18 de julio para tomar una definción al respecto.

“El gobernador está incumpliendo su responsabilidad institucional. Mendoza no sabe cuándo vota, y eso no solo afecta a la ciudadanía, sino que también obstaculiza la organización democrática de los partidos políticos”, sostuvo la senadora provincial Adriana Cano, vocera de la presentación opositora.

Aunque el plazo legal para llamar a elecciones vence el 18 de julio, la legisladora acusó a Cornejo de utilizar ese margen con fines especulativos: “Está esperando que se resuelva su interna partidaria y sus acuerdos nacionales”.

Desde el PJ apuntan a que la indefinición electoral busca desorientar al electorado y a los espacios opositores. “No es un error, es una estrategia para confundir, desorganizar y sacar ventaja. Se están alterando las reglas de juego en medio del calendario electoral. Es gravísimo”, advirtió Cano.

El senador Pedro Serra profundizó la crítica con un tono más irónico. “El problema es que el gobernador quiere saber si se pone la peluca o no. Está especulando con la interna de Cambia Mendoza, con Petri, con Milei, y mientras tanto nos arrastra a todos en su jugada personal”, disparó.

También cuestionó la forma en que se presentó el proyecto para extender la eliminación de las primarias, al considerar que se trató de una maniobra del oficialismo gestada desde la Casa de Gobierno.

Ambos legisladores coincidieron en que los argumentos económicos esgrimidos por el oficialismo no son válidos. “Esto no es una medida de austeridad, es una maniobra de manipulación política”, aseguraron.

Y concluyeron con un mensaje directo al Ejecutivo: “El gobernador ha cruzado un límite. Está utilizando la incertidumbre electoral como herramienta de presión y ventaja, y está afectando los derechos políticos de todos los mendocinos y mendocinas”.