El próximo viernes vencerá el plazo para que la Provincia presente un recurso de reconsideración ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tras el reconocimiento de la ocupación de dos comunidades supuestamente mapuches en el sur de la provincia.
El 27 de enero, a través de las resoluciones 36 y 42, el organismo reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” de las comunidades Lof El Sosneado, en San Rafael, y Lof Suyai Levfv, en Malargüe. Se trata de un total de 21.500 hectáreas. Luego, el 3 de febrero, el INAI reconoció 4.400 hectáreas más, en este caso a la Comunidad Lof Limay Kurref que, a diferencia de las dos primeras, sí tiene personería jurídica.
Con este escenario y en medio del enojo con el gobierno nacional, la administración de Rodolfo Suarez buscará detener “este atropello” como anticipó días atrás el gobernador. Es por eso que antes que termine la semana se jugarán la primera ficha presentando un recurso de reconsideración ante el INAI. Ese día se vencen los plazos legales para realizar el trámite administrativo.
Según lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo y su decreto reglamentario (1.759) el recurso debe interponerse en los diez días hábiles de notificado el acto. Si bien no hubo una notificación formal, las resoluciones se publicaron en el Boletín oficial de la Nación y en el Ejecutivo no se arriesgarán a que el plazo quede vencido. La fecha límite es el viernes.
Estrategia
En pos de esa estrategia legal, entre la semana pasada y la actual hubo reuniones entre autoridades de Gobierno, la Asesoría de Gobierno, la Secretaría de Legal y Técnica y la Fiscalía de Estado para avanzar con el escrito para reclamar por la medida dispuesta.
“Lo del INAI es irresponsable, avasalla atribuciones provinciales”, señalaron del lado del Gobierno.
Según trascendió, a mediados del año pasado, la Provincia había sido notificada del relevamiento que iba a realizar el INAI. Sin embargo, el tema pasó desapercibido para las autoridades locales, ya que la nota ingresó por mesa de entrada electrónica y no fue dirigida a ningún ministerio en particular.
Por un lado, en el oficialismo señalan que el gobierno nacional está desconociendo las resoluciones judiciales con fallos en contra por la ocupación de esos terrenos. Además, se trata de comunidades que no tienen personería jurídica, salvo la denominada Lof Limay Kurref.
Sobre ese aspecto, el INAI reconoció que quienes se autodenominan mapuches no tienen personería jurídica, sino que está “en trámite”.
A eso se suma que no se dio intervención provincial, incumpliendo la normativa vigente y la falta de claridad en las mediciones catastrales.
En caso de una respuesta negativa o ausencia de la misma, el próximo paso será plantear la inconstitucionalidad de las resoluciones en la Corte Suprema.
También el Gobierno, en su afán de reclamar por los “atropellos” de la Nación, la semana pasada informó que el lado mendocino de Vaca Muerta quedó dentro de las tierras cedidas, por lo que estaban en riesgo áreas petroleras. Sin embargo, en la normativa que rige los hidrocarburos se especifica que la petrolera paga servidumbre a quien sea el propietario de la tierra y algunos especialistas señalaron que la actividad no estaría en riesgo por esta disputa.