El Gobierno de Mendoza rechazó un recurso presentado por un subcomisario, quien buscaba anular una resolución previa de la Inspección General de Seguridad. El oficial cuestionaba el orden de mérito establecido para las promociones policiales del año pasado y reclamaba una revisión completa de sus calificaciones bajo el argumento de que sus antecedentes no fueron valorados de manera correcta.
Los equipos técnicos y legales del Ejecutivo analizaron el expediente completo y determinaron que el proceso de evaluación cumplió de forma estricta con todas las normativas vigentes, según el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
El dictamen señaló que la Junta de Calificaciones actuó dentro de los márgenes legales establecidos para evaluar la conducta, los antecedentes y el desempeño de los uniformados en sus respectivos cargos.
Las autoridades aclararon que el efectivo policial solo expresó su desacuerdo con la nota numérica que le otorgaron los evaluadores, pero no aportó pruebas concretas sobre errores materiales ni demostró la existencia de arbitrariedades en el procedimiento.
Con este decreto, la vía administrativa quedó completamente cerrada y el oficial solo cuenta con la opción de acudir a la vía judicial si desea insistir con su reclamo.