El oficialismo intentará aprobar este martes en el Senado de Mendoza una reforma de la Ley de Tránsito que aumenta las sanciones por faltas leves y habilita a los adolescentes de 17 años a conducir motos y autos bajo un régimen especial. El proyecto ya tiene media sanción de Diputados, pero todavía no cuenta con dictamen de las comisiones de la Cámara alta. Por eso, el oficialismo necesitará reunir los dos tercios de los votos para tratarlo sobre tablas.
Uno de los principales cambios de la iniciativa está relacionado con el valor de las multas. El proyecto modifica el artículo 86 de la Ley Provincial 9024 y propone elevar las sanciones para las infracciones leves, cuyo rango pasaría de las actuales 70 a 100 unidades fijas (UF) a una escala de entre 150 y 200 UF. El monto mínimo aumentaría un 114% y el máximo se duplicaría.
De esta manera, el monto máximo de una multa leve pasaría de los $60.000 actuales a $120.000.
La modificación no alcanza a las faltas graves ni a las gravísimas. En esos casos, se mantienen los valores vigentes: entre 500 y 700 unidades fijas para las primeras y de 750 a 1.000 UF para las segundas. También permanece sin cambios el rango de 1.300 a 1.500 UF previsto para los casos de concurso de infracciones.
El valor de cada unidad fija está vinculado al precio de la nafta premium, por lo que el monto final de las sanciones dependerá del valor establecido para ese parámetro. La reforma también incorpora como falta grave la evasión del pago de peajes, mediante maniobras para sortear o embestir barreras, evitar tótems o eludir los sistemas automáticos de identificación de vehículos.
Licencia de conducir desde los 17 años: las condiciones que propone la reforma
El segundo eje de la iniciativa es la habilitación para que los adolescentes de 17 años puedan obtener una licencia de conducir para motocicletas y automóviles. El proyecto incorpora un régimen provisorio y probatorio para las categorías A1.1, A1.2 y B1, que comprenden ciclomotores, motocicletas y automóviles, respectivamente.
Para acceder al permiso será obligatorio contar con una autorización expresa y por escrito del padre, madre, tutor o representante legal. Además, los aspirantes deberán aprobar un curso de educación vial y superar los exámenes psicofísicos y prácticos exigidos para obtener una licencia definitiva.
La propuesta establece otras restricciones para los conductores menores de edad. No podrán circular entre las 23 y las 6, salvo que estén acompañados por un adulto responsable que tenga licencia vigente. También deberán respetar una tolerancia cero de alcohol y estupefacientes, sin excepciones.
El régimen contempla una consecuencia directa ante el incumplimiento de las normas: la comisión de una infracción antes de cumplir los 18 años provocará la revocación inmediata de la licencia, de acuerdo con los términos que establezca la reglamentación. La medida deberá ser notificada al responsable legal. En cambio, quienes lleguen a los 18 años sin infracciones registradas accederán automáticamente a la licencia definitiva.
El oficialismo busca acelerar el tratamiento en el Senado
Más allá del contenido de la reforma, el oficialismo pretende acelerar su aprobación en la Cámara alta. Aunque el expediente 83792 todavía no tiene dictamen de las comisiones del Senado, la intención es incorporarlo al temario de la sesión de este martes y solicitar su tratamiento sobre tablas.
Para avanzar con ese mecanismo necesitará reunir dos tercios de los votos de los senadores presentes. Se trata de una mayoría especial que permitirá saltear el tratamiento previo en comisiones y debatir directamente el proyecto en el recinto.
La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Además de los cambios en las multas y las licencias para adolescentes, contempla modificaciones sobre la circulación de bitrenes en rutas autorizadas, las condiciones para ocupar la vía pública y la distribución de competencias entre los organismos provinciales.
Otro de los puntos establece que la recaudación de las multas deberá destinarse a acciones de prevención, equipamiento e infraestructura vial. También incorpora a la Policía Ambiental Minera entre las autoridades de aplicación de la Ley de Tránsito y modifica la dependencia institucional de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, que volvería a quedar bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
