El gobierno provincial rematará un terreno de 55 hectáreas ubicado en una cotizada zona vitivinícola de Luján de Cuyo. Los objetivos principales son dos: recaudar cerca de 34 millones de pesos con la venta y evitar la usurpación.
En este sentido el Estado, que llamará a subasta pública, envió un proyecto a la Legislatura para que el valor producido de esa venta ingrese a rentas generales de la provincia.
Las tierras, ubicadas en la calle Cobos sin número (Agrelo) y en plena zona de producción de uva malbec, tienen una superficie de 55 hectáreas. El valor de mercado oscila, según especialistas, entre 35 y 40 mil dólares por hectárea, por lo que la recaudación por la venta podría ascender a casi 34 millones de pesos.
Para poder comercializarlas el gobierno fraccionó esas tierras incultas con derecho a agua en cinco lotes.
Usurpado
Las tierras están ubicadas en un entorno muy cotizado rodeadas de las reconocidas bodegas Chandon, Séptima y Belasco de Baquedano, entre otras.
Según explicó el subsecretario de Legal y Técnica, Ricardo Canet, hay una sentencia judicial de desalojo de las tres familias que están ocupando las tierras de Agrelo. Para eso la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) deberá promover alguna solución habitacional porque esas familias están integradas por menores de edad.

Esos terrenos que el Estado pretende subastar pertenecen a la Dinaf y en varias oportunidades se quisieron rematar pero sin éxito. El último intentó fue el 15 de febrero pasado, pero no hubo oferentes.

¿Por qué se cambia la ley?
“La finalidad es que sea para rentas generales ya que antes no estaba la ley de administración financiera ni el destino”, explicó Canet.
Con el proyecto que está en la Legislatura se deroga la Ley N° 8.682, con la que se creó el centro de Campamentismo a donde debía destinarse el dinero de esas tierras.
Desde el Ejecutivo consideran que el “destino y finalidad del Centro de Campamentismo, así como los objetivos establecidos para el mismo, resultan poco trascendentes por cuanto la mayoría de las actividades que según dicha ley desarrollarían los niños y jóvenes se encuentran actualmente canalizadas a través de distintos programas deportivos”.
Además el funcionario explicó que los gastos de escrituración estarán a cargo del comprador.
El proyecto
