Los balances contables suelen quedar confinados a un circuito técnico, casi burocrático. Sin embargo, cuando se analizan con detenimiento, funcionan como una radiografía precisa sobre la administración de empresas estratégicas: revelan cómo el Estado reparte riesgos, quiénes toman las decisiones y qué costos permanecen invisibles bajo la superficie.
En este sentido, los estados contables del 2024 de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), Impulsa Mendoza y la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) exponen decisiones y prioridades que dejaron de ser coyunturales para transformarse en una fotografía estructural de la gestión pública.
Ninguna de las tres compañías está quebrada, ni presenta irregularidades penales o desmanejos evidentes. No obstante, comparten un rasgo crítico: funcionan gracias a equilibrios frágiles, sostenidos por el Estado mediante recursos o mecanismos que no siempre se explicitan. Allí es donde radica el verdadero debate sobre el Estado empresario.
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Aysam: un servicio esencial bajo tensión financiera permanente
Aysam es, probablemente, la empresa estatal más sensible del esquema provincial. Administra un servicio básico, universal y políticamente crítico: el agua potable y el saneamiento. Su balance no admite una lectura bajo la lógica comercial tradicional, ya que su objetivo no es la maximización de ganancias, sino garantizar la continuidad operativa del sistema.
El balance 2024 describe a una compañía que debe mantener una infraestructura gigantesca mientras intenta absorber el impacto inflacionario en insumos, energía, mantenimiento y salarios. El activo total de la empresa supera los $300.000 millones, un reflejo de la magnitud de las redes y plantas distribuidas en Mendoza. Esa dimensión, sin embargo, contrasta con márgenes operativos cada vez más asfixiados.
El resultado del ejercicio vuelve a ser deficitario en términos reales. Las tarifas, aun con actualizaciones constantes, no alcanzan a cubrir el costo total de la prestación. Por ejemplo, durante 2024, la presión tarifaria alcanzó niveles sin precedentes con tres aumentos del 33% (febrero, abril y junio) y dos del 21,05% (agosto y octubre).
En consecuencia, la empresa depende de aportes estatales y de una administración quirúrgica del flujo de fondos para evitar descalces mayores.
Además, pese a que contablemente la empresa registró una “ganancia” de $11.744 millones, el Estado de Flujo de Efectivo revela la realidad subyacente: se destinaron $20.634 millones a obras y equipos, una inversión que solo fue posible gracias a la recepción de $19.500 millones en “Aportes Irrevocables” del Tesoro Provincial. Esto valida que el sistema sobrevive bajo un respirador financiero provisto por su principal accionista, el Estado.
Un dato revelador surge de las notas a los estados contables: la empresa presidida por Humberto Mingorance acumuló más de $1.200 millones en obligaciones previsionales devengadas que no fueron canceladas para priorizar otros pagos operativos.
Si bien la auditoría aclara que el monto “no era exigible” al 31 de diciembre de 2024, constituía una obligación cierta que debió cancelarse en el corto plazo con activos corrientes. No es una práctica ilegal, pero sí un síntoma inequívoco de tensión financiera.
Finalmente, la morosidad agrava el cuadro. Al cierre del ejercicio, la deuda de los usuarios se duplicó (+103%), alcanzando los $35.412 millones. Aunque la firma proyecta recuperar el 97% de lo facturado a largo plazo, hoy solo el 38% de los usuarios paga a término. Esta dificultad de cobro obligó a emitir 119.000 notificaciones de corte y a judicializar las cuentas de casi 43.000 clientes.
Impulsa Mendoza: política pública y capital finito
Impulsa Mendoza representa un caso singular. No presta servicios ni produce bienes de consumo masivo; fue creada para ocupar el vacío dejado por el fracaso del proyecto original de Potasio Río Colorado y actuar como punta de lanza del desarrollo minero.
Su conducción, a cargo de Emilio Guiñazú Fadel —artífice de la estrategia energética de las gestiones de Cambia Mendoza—, confirma que la empresa no es un ente aislado, sino el brazo ejecutor de una línea estratégica de largo plazo.
La firma se financia principalmente con los 30 millones de dólares remanentes de la salida de la minera Vale, un capital extraordinario que tiene la característica de ser finito: se consume y no se repone.
Estos fondos han financiado estudios técnicos, asesorías legales y la puesta en marcha del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). Bajo este esquema, el Estado absorbió el costo inicial y el riesgo político, dejando el terreno allanado para que el sector privado avance sobre un escenario ya ordenado.
Aunque no hay irregularidades probadas, MDMO suma una discusión política inevitable. Varias empresas privadas accedieron a proyectos mineros sin realizar inversiones iniciales significativas, beneficiándose de un proceso financiado por el erario público. Entre los principales actores aparecen firmas cuyos socios tuvieron vínculos previos con Impulsa.
El balance 2024 expone el costo patrimonial de esta estrategia: la empresa cerró con una pérdida real cercana a los $8.600 millones, lo que redujo su patrimonio neto de $36.000 millones a poco más de $27.000 millones en un año.
Se trata del consumo de capital para sostener una estructura que aún no genera ingresos propios. Por ejemplo, se adquirió maquinaria por más de $2.500 millones destinada al alquiler; sin embargo, durante todo el ejercicio 2024, esos activos no produjeron rentas.
Asimismo, el balance reconoce bienes cuyo traspaso legal aún no se ha perfeccionado y ajustes de valor que superan los $1.000 millones, dibujando una estructura costosa que depende de un fondo que se agota progresivamente.
El problema es de tiempos: los fondos que sostienen a Impulsa no son infinitos y las decisiones de su conducción tienen consecuencias patrimoniales concretas.
Emesa: el riesgo de ser el garante de última instancia
La Empresa Mendocina de Energía (Emesa) es otra variante del mismo fenómeno. Aunque su misión es diversificar la matriz energética y fomentar la inversión privada, su balance confirma que su desempeño está condicionado por la deuda con Cammesa.
Más allá de la prolijidad técnica, los balances de esta compañía con participación estatal, dedicada al desarrollo de proyectos energéticos, revelan una función financiera crítica: la subrogación de deudas para salvar proyectos fallidos.
Ante el fracaso de diversos proyectos energéticos, Emesa debió desembolsar casi 2 millones de dólares para pagar penalidades que correspondían a sus socios privados en proyectos como Luján de Cuyo, Anchoris, Lavalle y El Sosneado.
Empresas como Ceosa no cumplieron con sus compromisos, dejando a la provincia al borde de sanciones nacionales ante Cammesa. Para evitar un mal mayor, Emesa puso la cara y el dinero, transformándose en el garante de última instancia de firmas que no estuvieron a la altura de las licitaciones.
Lo que más llama la atención de los analistas no es solo el pago del rescate, sino las condiciones de devolución. A pesar de la gravedad de los incumplimientos, Emesa ha mostrado una “flexibilidad extrema”: en lugar de aplicar sanciones severas, permitió a los privados devolver el dinero en planes de pago de hasta 60 cuotas.
Esta política transforma a la empresa estatal en una entidad de caja blanda para socios insolventes, donde el Estado mendocino asume el costo financiero y el riesgo crediticio a largo plazo.
El verdadero costo del Estado empresario
Analizados en conjunto, los balances de Aysam, Impulsa y Emesa revelan una matriz común: el Estado mendocino sostiene servicios e impulsa sectores estratégicos asumiendo riesgos y postergando costos mediante recursos que no siempre se reponen.
No se trata de un escenario de escándalos contables, sino de algo más complejo: un modelo de Estado empresario que, para cumplir funciones clave, acumula tensiones estructurales.
Este esfuerzo público rara vez aparece en los comunicados oficiales; se encuentra en la letra chica de los balances. Allí es donde se ve cuánto cuesta, realmente, que el sistema siga en pie. Ese es el verdadero costo oculto de las empresas estatales mendocinas.