La interna del Partido Justicialista de Mendoza sumó un nuevo capítulo después del Congreso partidario realizado este sábado. Tras el fracaso del oficialismo en su intento de modificar la Carta Orgánica y el Tribunal de Disciplina, los sectores que integran el espacio volvieron a enfrentarse, esta vez por la situación de los diez dirigentes kirchneristas sancionados por haber competido en las últimas elecciones municipales por fuera de la estructura del PJ.
Desde los sectores vinculados con los hermanos Félix y a Carlos Ciurca aseguran que las sanciones quedaron firmes porque durante el encuentro se notificó formalmente al Congreso la resolución del Tribunal de Disciplina. Sin embargo, desde el kirchnerismo rechazaron esa interpretación y sostienen que en mayo presentaron una medida cautelar que fue aceptada y que suspende los efectos de la resolución hasta que se resuelva la controversia.
La discusión se produce en medio de las diferencias que impidieron al oficialismo avanzar con las modificaciones partidarias que pretendía aprobar este sábado. El nuevo enfrentamiento gira en torno a una cuestión concreta: si la notificación de la resolución al Congreso es suficiente para considerar firmes las sanciones o si los recursos presentados por los dirigentes impiden que sean ejecutadas.
Qué resolvió el Tribunal de Disciplina
El origen del conflicto se remonta al 27 de abril, cuando el Tribunal de Disciplina del PJ mendocino emitió la Resolución 02/2026, mediante la cual declaró responsables a diez afiliados por haber integrado las listas de Fuerza Patria en las elecciones municipales del 22 de febrero.
El organismo consideró que los dirigentes habían incurrido en una falta grave al presentarse por un frente electoral diferente del que integraba el Partido Justicialista, sin contar con la autorización previa del Congreso Provincial exigida por la Carta Orgánica.
La resolución dispuso tres consecuencias disciplinarias: la inhibición para ocupar cargos partidarios durante tres años, la inhabilitación para presentarse como precandidatos o candidatos en representación del PJ o de sus alianzas por el mismo período y la pérdida automática de la antigüedad partidaria. El Tribunal descartó aplicar la expulsión o desafiliación.
Los sancionados fueron Paloma Scalco, Bruno Ceschin, Hipólito Martínez, Gisela Flores, Nadir Yassuf, Mariela Herrera, Facundo Martín, Sebastián Videla, Katherina Hidalgo Acosta y Daniel Mazurenco.
La apelación de mayo, el argumento del kirchnerismo
La documentación presentada por los dirigentes sancionados incorpora un elemento central a la controversia. Una cédula de notificación del 29 de mayo confirma que el Tribunal de Disciplina tomó conocimiento de ocho apelaciones contra la resolución del 27 de abril y resolvió admitirlas.
Según el documento, Mariela Herrera, Daniel Mazurenco, Sebastián Videla, Bruno Ceschin y Paloma Scalco presentaron sus recursos el 12 de mayo. Nadir Yassuf, Facundo Martín y Gisela Flores lo hicieron el 15 de ese mes. El Tribunal consideró que todas las presentaciones habían sido realizadas en tiempo y forma.
Además, otorgó diez días hábiles para que los recurrentes presentaran sus agravios por escrito y dispuso elevar las actuaciones al Consejo Provincial una vez transcurrido ese plazo.
Este documento es uno de los fundamentos de la posición que sostiene el kirchnerismo. Desde ese espacio aseguran que la aceptación de los recursos suspendió las sanciones y que el Congreso debe resolver la controversia antes de que puedan considerarse firmes.
Dos interpretaciones enfrentadas
Desde los sectores de los Félix y el ciurquismo sostienen que la notificación formal realizada durante el Congreso de este sábado dejó firmes las sanciones. Para ese sector, la resolución del Tribunal de Disciplina mantiene su validez y corresponde aplicar las inhabilitaciones previstas contra los dirigentes que compitieron por fuera del PJ.
La interpretación del kirchnerismo es diferente. Sus referentes sostienen que la medida presentada en mayo impide ejecutar las sanciones y que el Congreso todavía debe resolver los planteos pendientes. Por ese motivo, rechazan que la comunicación realizada durante el encuentro haya cerrado el procedimiento disciplinario.
La controversia quedó planteada después de una jornada en la que el oficialismo tampoco consiguió aprobar sus reformas institucionales. La modificación de la Carta Orgánica obtuvo 55 votos favorables y 30 negativos, mientras que la propuesta sobre el Tribunal de Disciplina reunió 62 adhesiones y 33 rechazos. Ninguna alcanzó los dos tercios exigidos.
El resultado también estuvo atravesado por los cuestionamientos del sector de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, que rechazó el esquema de integración propuesto por la conducción partidaria y reclamó una representación más amplia de las diferentes corrientes del peronismo.
De esta manera, el PJ mendocino terminó su Congreso sin resolver las reformas institucionales y con una nueva controversia sobre las sanciones. La resolución del Tribunal de Disciplina y la cédula de mayo acreditan tanto la decisión sancionatoria como la admisión de ocho apelaciones, pero la documentación disponible no permite establecer que las sanciones hayan quedado definitivamente firmes ni verificar el alcance de la suspensión que invoca el kirchnerismo.