La transmisión en vivo que un grupo de internos del complejo penitenciario San Felipe realizó junto a un reconocido streamer generó más de un dolor de cabeza para las autoridades provinciales. Pero, paradójicamente, también fue clave para destrabar una negociación abierta desde hace meses entre Mendoza y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Presos mendocinos se hicieron virales con un streamer en una transmisión en vivo
Una transmisión en vivo realizada desde el interior del penal San Felipe desató una investigación del Servicio Penitenciario de Mendoza luego de que el video se viralizara en las redes sociales. La situación dejó al descubierto que un grupo de internos…
Semanas después de que el episodio se volviera viral en todo el país, el Enacom asumió el compromiso de modificar la Resolución 300/2026 para incorporar a las provincias al régimen de bloqueo de teléfonos celulares detectados dentro de las cárceles. Ese mecanismo hoy sólo alcanza a penales dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
La decisión se adoptó este jueves durante una reunión desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires entre responsables del organismo nacional y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. También participó el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich.
La modificación todavía no fue formalizada. Cuando se concrete, las empresas prestadoras de telefonía móvil deberán bloquear los equipos (IMEI), los chips (IMSI) y las líneas telefónicas detectadas funcionando ilegalmente dentro de establecimientos penitenciarios provinciales cuando así lo requieran las autoridades competentes.
El pedido al Enacom
El episodio de San Felipe dejó al descubierto una situación que el Ministerio de Seguridad venía planteando desde hacía meses. Más allá de contar con herramientas para detectar celulares activos tras las rejas, identificar los datos técnicos de cada dispositivo y otros registros necesarios para individualizar cada aparato, la tecnología terminaba chocando contra un límite legal.
“La falta de control efectivo sobre las líneas que se habilitan y dan de alta, la existencia de chips descartables o insuficientemente validados (…) constituyen factores que facilitan la comisión de delitos tales como estafas virtuales, amenazas extorsivas, coordinación de actividades delictivas y otras modalidades vinculadas al crimen organizado”, reza una nota que el Ministerio de Seguridad envió a una reconocida empresa de telefonía.
Sin embargo, cuando las autoridades provinciales solicitaban a las compañías el bloqueo de esas líneas, las empresas respondían que la normativa vigente no las obligaba a hacerlo.
El motivo era la Resolución 300/2026 del Enacom, que estableció un procedimiento para bloquear equipos y líneas detectados dentro de establecimientos penitenciarios, pero únicamente cuando el requerimiento provenía del Servicio Penitenciario Federal. Las cárceles provinciales habían quedado afuera.
Para resolver ese vacío, el Gobierno mendocino elevó hace meses una nota formal al interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, acompañada por un proyecto completo de resolución redactado por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad.
Esa iniciativa resaltó que la seguridad y el régimen penitenciario son competencias no delegadas por las provincias. En el documento, se plante{o que “la experiencia demuestra que los delitos de estafa virtual, extorsión digital, amenazas y otros ilícitos cometidos mediante telefonía móvil no reconocen límites jurisdiccionales: la víctima puede encontrarse en cualquier punto del país mientras el autor material opera desde un establecimiento penitenciario provincial”.
La propuesta era clara: incorporar expresamente a los servicios penitenciarios provinciales dentro del régimen nacional de bloqueo. Ese planteo fue el que el organismo nacional aceptó tomar como base para modificar la normativa vigente.
El caso San Felipe
Las conversaciones ya estaban abiertas cuando ocurrió el episodio que dejó en evidencia cómo los dispositivos continúan circulando en las celdas, a pesar de estar estrictamente prohibidos desde diciembre de 2023.
A través de la aplicación OmeTV, un grupo de internos del Complejo Penitenciario San Felipe participó en una transmisión en vivo con el influencer Valentín Melo , oriundo de Berazategui y con más de 600.000 seguidores en redes sociales.
Durante la conversación aleatoria por videollamada, cuando el streamer les preguntó de forma ingenua si estaban en España, la respuesta de los reclusos dejó al descubierto la fragilidad del sistema: “Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza”.
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Después del episodio, Inteligencia Penitenciaria secuestró cinco teléfonos celulares y trasladó a los internos involucrados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP) del complejo Almafuerte I.
Las medidas buscaron contener el impacto inmediato del episodio, aunque también dejaron en evidencia que más allá de las inversiones millonarias, la incorporación de tecnología y los anuncios oficiales, los teléfonos celulares siguen funcionando dentro de las cárceles mendocinas.
La repercusión del caso impulsó nuevas gestiones políticas encabezadas por el gobernador Alfredo Cornejo ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli. De esas conversaciones surgió la reunión celebrada el jueves, donde el Enacom se comprometió a avanzar con la modificación de la resolución vigente.
Dos cárceles, dos estrategias distintas
Mientras avanzaba el reclamo ante el Enacom, Mendoza desarrolló una estrategia tecnológica diferente para cada complejo penitenciario. En la provincia hay 22 unidades, pero cuatro se llevan todas las miradas: Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte I y II.
La primera etapa del plan tuvo un hito en julio del año pasado, cuando el Gobierno adjudicó a la empresa Cytric Solutions un contrato superior a los 2.500 millones de pesos para incorporar una Plataforma Integral de Georreferenciación para Investigación Criminal y módulos tácticos móviles capaces de bloquear temporalmente, detectar, localizar y analizar celulares.
Esos equipos fueron incorporados principalmente para operar en los complejos penitenciarios San Felipe y Boulogne Sur Mer. La elección responde a una limitación técnica: ambos penales se encuentran rodeados por viviendas y a pocos metros del Polo Judicial.
La instalación de inhibidores fijos es imposible porque provocaría interferencias sobre vecinos, organismos públicos y el propio edificio judicial. Por ese motivo, se optó por tecnología móvil.
El sistema incluye un módulo instalado sobre un vehículo, capaz de operar detenido o en movimiento, y otro portátil transportado en una mochila para operativos discretos. Los equipos permiten localizar e identificar datos técnicos clave de teléfonos, pero no garantizan su bloqueo definitivo.
La segunda etapa del plan apunta a una realidad diferente. El pasado 24 de julio se abrieron los sobres de la licitación para adquirir un sistema de inhibición total de señales destinado a los pabellones de máxima seguridad de los complejos Almafuerte I y II, ubicados en Cacheuta.
Son establecimientos instalados lejos de zonas urbanas, por lo que allí sí resulta posible instalar inhibidores permanentes sin afectar las comunicaciones de terceros.
En esa licitación se presentó un único oferente: Cytric Solutions, con una propuesta cercana a los 2,5 millones de dólares. El plan es colocar los inhibidores en los pabellones de máxima seguridad.
Un tercer frente apunta reforzar los controles de acceso a las cárceles. En tal sentido, este viernes se conocieron las ofertas para adquirir escáneres corporales y de equipaje destinados al control de ingreso en los establecimientos penitenciarios. Los equipos estarán destinados a inspeccionar a personal penitenciario, visitas, proveedores y encomiendas con el objetivo de reducir el ingreso de teléfonos, chips y otros elementos prohibidos. En el proceso participan cinco empresas.