El Gobierno de Mendoza oficializó la transferencia de dos inmuebles ubicados en la Ciudad de Mendoza a la órbita de la Dirección General de Escuelas (DGE). Las propiedades, situadas en la calle José Federico Moreno al 2.000, tienen un origen judicial relevante, ya que fueron decomisadas por la Justicia Federal en el año 2016 tras una sentencia por infracción a la Ley de Trata de Personas.
A través de un decreto publicado recientemente, el Poder Ejecutivo dispuso que estos edificios se conviertan en la sede operativa de la Coordinación del Área de Género del sistema educativo provincial. Esta medida busca dar un fin social y comunitario a bienes que anteriormente estuvieron vinculados a delitos federales, cumpliendo con la normativa de reutilización de activos decomisados para beneficio de la ciudadanía.
La decisión administrativa establece que la DGE utilizará estas instalaciones para fortalecer la aplicación de leyes fundamentales como la Ley Micaela, la Ley de Identidad de Género y la normativa de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.
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El objetivo central es que el equipo técnico y administrativo cuente con un espacio físico propio para interactuar con organismos nacionales, municipales y organizaciones no gubernamentales en la implementación de políticas de diversidad e integración.
El decreto también instruye a la Escribanía General de Gobierno a realizar los trámites necesarios para actualizar la inscripción registral de las propiedades a nombre de la Provincia de Mendoza. Con este traspaso, se cierra el ciclo de gestión iniciado tras el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1, transformando inmuebles recuperados del crimen organizado en centros destinados a la promoción de derechos y la educación con perspectiva de género.