El Gobierno de Mendoza aprobó un convenio con prestadores privados para garantizar la atención de pacientes que requieren tratamientos de diálisis y no cuentan con cobertura de salud. La medida fue formalizada a través de un decreto del Ministerio de Salud y Deportes publicado este jueves en el Boletín Oficial, que avala un acuerdo entre la cartera sanitaria provincial y entidades que agrupan a centros privados de terapia renal.
El convenio fue firmado por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, junto con la Asociación de Prestadores Privados de Hemodiálisis y Trasplantes Renales de Mendoza y la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal.
El objetivo es asegurar la prestación de servicios de hemodiálisis, hemodiafiltración y diálisis peritoneal para pacientes que dependen del sistema público provincial, incluidos los beneficiarios del programa Incluir Salud.
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La normativa establece que los hospitales públicos seguirán siendo la primera instancia de atención para quienes necesiten iniciar tratamiento dialítico. Sin embargo, cuando la capacidad instalada de esos establecimientos se encuentre colmada, el Ministerio de Salud podrá derivar pacientes a centros privados mediante el Programa Provincial de Diálisis.
El Ejecutivo justificó la decisión en la naturaleza crítica del tratamiento, ya que la demanda de servicios de diálisis puede superar la infraestructura disponible en el sistema estatal. En ese contexto, el sector privado funcionará como complemento de la red pública, bajo control del Estado y con mecanismos de derivación definidos para evitar concentraciones en la prestación y garantizar la continuidad de la atención.
Alcance del tratamiento
El acuerdo no solo contempla la hemodiálisis convencional, sino que incluye una cobertura integral de terapias renales:
- Hemodiálisis (HD) y Hemodiafiltración (HDF).
- Diálisis Peritoneal en todas sus variantes (manual y automatizada).
- Atención específica para pacientes del programa Incluir Salud.
Plazos y financiamiento
El convenio tendrá una vigencia inicial de seis meses, con la opción de ser prorrogado exclusivamente por decisión del Ministerio de Salud.
Para garantizar que el servicio no sufra interrupciones, el Ejecutivo ya realizó la imputación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2026, asegurando los fondos necesarios para que los prestadores privados reciban el pago por los servicios complementarios brindados al sistema público de salud.