El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desplazó a 22 familias de un barrio de Luján de Cuyo por no cumplir con los requisitos. Lo cierto es que varios de los nombres que figuran en el listado de quienes fueron apartados, son personas que trabajaron en la administración pública durante la gestión de Francisco Pérez.
Entre los nombres de los que quedaron excluidos figuran Roberto Lucero, empleado de la Cámara de Diputados y allegado al diputado del PJ, Jorge Tanús, y Silvana Stocco, quien trabajó junto al ex vicegobernador Carlos Ciurca y actualmente sigue en el Senado.

Según explicó el presidente del IPV, Damián Salamone, el organismo tuvo que realizar una revisión sobre el barrio Quinta Boedo, por un expediente que inició el Tribunal de Cuentas.
El comienzo de la historia se remonta al año 2012 cuando la Unión Vecinal Rucalen Hue, compuesta en un 100% por empleados del IPV, solicitó la compra del terreno ubicado en Acceso Sur y Boedo para cubrir la necesidad habitacional de sus miembros.
Un año más tarde comenzó la obra, financiada por el programa Techo Digno. Luego, en 2015, el organismo de control realizó observaciones sobre la preadjudicación que se había realizado y detectaron irregularidades en 22 de los 88 preadjudicatarios. El principal obstáculo según señaló el titular del IPV, fue que originalmente el barrio era para trabajadores del IPV y después sumaron empleados públicos que no pertenecían a ese organismo, varios de ellos allegados al justicialismo.
Además entre las irregularidades detectadas se encontraron con que el barrio no cumplía con el cupo de discapacitados, se superaba el límite de solteros y había personas dentro y fuera del IPV que tenían hasta cuatro propiedades.
Un caso es el de Juan Manuel Tejada, quien era empleado del Ministerio de Agroindustria y tenía dos propiedades en Catamarca, además de ser cotitular de propiedades en Córdoba.
“Lo que hicimos fue volver al espíritu original por el cual compramos el terreno, que era para empleados del IPV. Dejamos afuera a propios y extraños que no cumplían”, señaló Salamone. Desde el oficialismo manifestaron que la gestión anterior benefició a esas personas allegadas al gobierno de turno, dejando afuera a otros empleados del IPV que tenían necesidades habitacionales.
Reclamo
El reclamo de los 22 desplazados fue encabezado por Tanús quien manifestó su malestar por esta decisión y acusó a la gestión de Alfredo Cornejo de realizar una “persecución política”.
“Excluyeron a las familias por haber entrado en el gobierno justicialista, persiguen hasta dejar sin vivienda”, expresó.
Además Tanús señaló que esas familias tenían la preadjudicación ante escribano. Sin embargo Salamone lo contradijo y aclaró que la preadjudicación “no otorga” el derecho a la vivienda definitiva.
La versión de Parisi
Sobre este tema opinó el ex titular del IPV, Omar Parisi, quien estuvo al frente de la gestión durante el gobierno de Pérez.
“Como solamente había 75 empleados de planta del IPV, la unión vecinal autorizó para que entraran otros empleados públicos ya que quedaba un remanente para completar los 88. Es verdad que habían algunos del PJ pero cumplían con todos los requisitos”, explicó.
“Eso de que tenían que ser empleados del IPV para la adjudicación no es más que una excusa pueril para sacar a la gente que era del gobierno de Paco Pérez”, disparó.
