El Gobierno y la oposición local siguen en pie de guerra. Este lunes el Ejecutivo presentó su respuesta ante la demanda que inició el PJ contra Rodolfo Suarez por “sedición y abuso de autoridad” por no acatar el feriado nacional que se decretó tras el ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Creemos que es una denuncia con un fuerte tinte político, que estimamos que no va a prosperar”, expresó el gobernador en declaraciones radiales. “Decidimos apostar al trabajo. No era pertinente parar un país para manifestarse políticamente”, agregó.

En torno a esto, el mandatario dejó en claro que están recibiendo apoyo a nivel nacional, incluso de dirigentes. Una de ellas fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que salió a defender a Suarez por las redes.

“Una denuncia penal es una denuncia, a cualquiera le preocupa. No es algo cómodo para nadie, por más que uno se siente que actuó conforme a derecho”, añadió el gobernador.

Frente a estos dichos, la diputada nacional kirchnerista Marisa Uceda, que presentó la demanda, salió nuevamente a cargar contra la gestión local.

“Fue su decisión (de Suarez) la de no acatar una orden del Gobierno nacional. Después es fácil reclamar una falsa discriminación. Se contradicen porque dijeron que a los estatales que fueron a trabajar les dan franco compensatorio. Todas las provincias se pudieron acomodar”, manifestó la legisladora K.

Tras la denuncia presentada por la legisladora nacional, el Juzgado Federal 3 le solicitó al Ministerio de Gobierno un informe detallado de cómo se desarrollaron las actividades públicas ese viernes 2 de septiembre. También debía responder si se publicó alguna norma, ­decreto y/o resolución­ relacionada con el funcionamiento de la administración pública provincial, luego de conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 573/2022, sumando los comunicados públicos a través de los canales oficiales, incluyendo las redes sociales.

“El juez federal (Marcelo Garnica) nos hizo llegar un pedido de informe el viernes con preguntas de esto. Lo hemos contestado, lo hemos presentado en el expediente y hemos dicho exactamente lo mismo que expresamos en aquel momento”, explicó este lunes el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez.

El Ejecutivo local se mantiene firme en su postura y en su defensa tras no acatar el DNU que emitió el presidente Alberto Fernández, donde establecía feriado nacional el pasado 2 de septiembre.

“Siendo la 1.30 de la mañana no había norma que dispusiese el feriado. El gobernador, teniendo en cuenta la previsibilidad y el funcionamiento de todos los servicios públicos y de la actividad privada, comunicó que en Mendoza se iba a trabajar con normalidad”, advirtió Ibañez.

Para la gestión, la mejor forma de dar “paz social” ante un hecho como el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, es “trabajando normalmente”.

Según la visión del ministro, el decreto presidencial que firmó Fernández a las 3.06 modifica la ley de feriados nacional y esa normativa solamente habilita a establecer un feriado distinto por fines turísticos, pero con 50 días de anticipación.

“Todo esto lo hemos contestado a la justicia federal. El decreto es manifiestamente inconstitucional y con temporalidad tardía. Denunciar a un Gobierno que dispone trabajar es un absurdo de todo punto de vista”, concluyó el funcionario.