La reforma de la Constitución volvió a entrar en debate, especialmente por la intención del oficialismo y la oposición de poner un tope a los cargos en la justicia y en los organismos de control. La idea que se baraja es encontrar algún mecanismo que permita revalidar los cargos y establecer así un límite a la perpetuidad dentro de la justicia. Sobre esto se escucharon voces a favor y en contra de diversos especialistas.

En el ámbito judicial recién están analizando esta novedad pero en la Suprema Corte algunos señalan por lo bajo que generalmente esas ideas han “fracasado”, ya que se complica cuando un magistrado tiene que litigar en contra de un estudio jurídico y al mes siguiente ir a pedir trabajo. Fuentes judiciales señalan que en todo caso podría aprovecharse una nueva carta magna para mejorar el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento, es decir la entrada y salida de los jueces.

Por su parte el titular de la Asociación de Magistrados, Armando Martínez, si bien señaló que no hay resistencia al cambio, tampoco se mostró muy convencido y consideró que en verdad habría que “mejorar” el sistema en lugar de cambiarlo. “Primero apliquemos el sistema como corresponde y después veamos los resultados”, expresó Martínez.

En tanto el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Ismael Farrando, tampoco se mostró muy a favor de esta idea ya que consideró que principalmente hay que “respetar la independencia de poderes” para que estén al margen del “ajetreo político”, por lo que piensa que es conveniente dejar el sistema como está.

En cambio el abogado constitucionalista, Carlos Lombardi, ve con buenos ojos la intención de limitar determinados cargos. De hecho señaló que una de las alternativas sería que los jueces sean electos por el pueblo, aunque reconoció que Mendoza es una provincia “conservadora y cuesta cambiar”.

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Otra opción que deslizó Lombardi, además de someter los cargos a elección popular, es otorgar un mandato amplio, de diez años por ejemplo, con opción a la revalidación del cargo. “Mientras más participación popular y menos enquistados en el poder es mejor”.

Uno de los miembros de la federación del Colegio de Abogados, Leonardo Pascón, tiene otra postura y señala  que “cualquier opción es válida” pero lo que hay que hacer es modernizar y aggiornar el resto de las instituciones. Como ejemplo señaló que debe terminarse con el sistema “arcaico” de la elección de los jueces en la Legislatura.

“Hoy los cargos son vitalicios bajo la excusa de respetar la independencia de los poderes y eso no ha impedido que los ministros de la Corte respondan a los poderes políticos que los pusieron en su cargo y que los magistrados raspondan a los que hicieron lobby por ellos”, indicó Pascón.

En cuanto a los organismos de control, señaló que en ese caso los cargos deberían ser electivos y que dicha elección no debe coincidir con la de cargos ejecutivos para que haya independencia.

¿Qué dicen los aliados?

En primer lugar el presidente del Partido Demócrata, Carlos Balter, señaló que está en contra de una reforma abierta, es decir, que apunta a que los cambios finales no queden en manos de los constituyentes, sino que se haga través de una ley. Además señaló que los esfuerzos deberían  ponerse en otros temas como la pobreza y la salud ya que los problemas de la sociedad no son “culpa” de la Constitución.

En torno a los cambios que se analizan, consideró que hay que ser “cuidadoso” con el tema de la justicia, y se mostró a favor de concursar los cargos y efectivizar los controles. En cuanto a la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, el demócrata consideró que esos cargos no deben ser de por vida ni tampoco ocupados por ex funcionarios.

Por su parte el presidente del PRO e intendente de Luján de Cuyo, Omar de Marchi, prefirió ser cauto a la hora de opinar. Solamente señaló que hay que dar los debates para generar confianza. “La construcción de una política más sana y una ciudadanía más responsable pasa por recuperar la confianza de la gente en las instituciones, concluyó.