El debate por la baja de la edad de imputabilidad ocupa un lugar central en la agenda política nacional, a partir de la iniciativa del Gobierno de modificar el régimen penal juvenil. En ese contexto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fijó una postura clara: apoyó el cambio normativo, aunque alertó sobre los límites de la medida y el impacto presupuestario que tendrá en las provincias.
Lejos de plantear la reforma como una solución definitiva al problema de la inseguridad, Cornejo buscó bajar el nivel de expectativa social en torno al proyecto. “No quiero generar expectativas de que por el solo cambio de la ley vamos a resolver problemas que son endémicos”, afirmó, al tiempo que reconoció que existe un sector de jóvenes que comienza a delinquir a edades muy tempranas.
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El mandatario mendocino señaló que actualmente hay adolescentes que cometen delitos graves sin poder ser imputados penalmente, una situación que —según sostuvo— es aprovechada incluso por organizaciones criminales.
“Es cierto que hay un grupo de personas que caen en la delincuencia a muy escasa edad y que realmente no son imputables. Incluso hasta organizaciones criminales aprovechan esa inimputabilidad para cargarles delitos”, explicó.
Desde esa mirada, Cornejo consideró que la baja de la edad de imputabilidad puede ser una herramienta positiva para cerrar zonas grises del sistema penal. Sin embargo, aclaró que su eficacia dependerá de múltiples factores que exceden el simple cambio legal.
Uno de los puntos más sensibles del debate es la edad concreta a partir de la cual los jóvenes pasarían a ser imputables. Sobre este aspecto, Cornejo fue prudente y evitó fijar una posición tajante. “Las cosas técnicas, si tiene que ser 13 o 14 años, no tenemos una opinión muy formada. Lo saben mejor quienes se dedican más específicamente a eso”, sostuvo.
No obstante, advirtió que cualquier modificación implicará una consecuencia directa para las provincias: un aumento significativo de jóvenes bajo tutela del Estado, lo que demandará mayor infraestructura, personal especializado y presupuesto.
Para dimensionar el escenario, el mandatario brindó datos concretos sobre la situación actual en Mendoza. En el ex COSE (Centro de Orientación Socioeducativa) hay alrededor de 80 jóvenes con condenas, mientras que más de 300 adolescentes se encuentran bajo tutela estatal, alojados con familiares o en distintos dispositivos, pese a haber cometido delitos graves.
“El cambio va a traer un nuevo público para nuestro sistema penitenciario”, advirtió. En ese sentido, subrayó que la baja de la edad de imputabilidad no es una discusión abstracta, sino una decisión que tendrá efectos reales en el corto y mediano plazo.
El gobernador explicó que el tema está siendo analizado de manera integral por distintas áreas del Ejecutivo provincial. “Lo estamos estudiando tanto con Seguridad como con Infancia. Tadeo García Salazar y Mercedes Rus están trabajando en eso, conocen el proyecto y eso va a repercutir en los próximos años”, señaló.
Para Cornejo, no se trata de una reforma menor ni de una discusión que pueda postergarse. Por el contrario, remarcó que es una definición que exige planificación anticipada, especialmente en términos presupuestarios.
Recursos y financiamiento: una demanda a la Nación
Uno de los ejes centrales del planteo del mandatario mendocino fue el financiamiento. Frente a la posibilidad de que la Nación avance con la reforma, el jefe del estado provincial consideró imprescindible que el Gobierno nacional acompañe a las provincias con recursos adicionales.
“Las provincias tienen que estar bien financiadas para cumplir con estos cambios. No es lo mismo tener 300 chicos más detenidos que tener 80”, afirmó. Además, recordó que en áreas como educación y vivienda, la Nación se ha retirado progresivamente, obligando a las provincias a absorber mayores responsabilidades.
Al ser consultado sobre si la baja de la edad de imputabilidad debe entenderse como una solución estructural, Cornejo fue categórico: “La definición correcta sería: es una herramienta más”.
El gobernador destacó que Mendoza viene aplicando un plan de seguridad que ha mostrado resultados positivos en la reducción de delitos violentos, aunque reconoció que otros delitos se mantienen estables. En ese marco, insistió en que ningún cambio legal, por sí solo, puede revertir problemas complejos y de larga data.