Esta mañana el gobernador Alfredo Cornejo presentó junto al presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, el anteproyecto de reforma y adecuación del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.

Siguiendo las modificaciones que viene realizando en el ámbito judicial, el mandatario busca otorgar mayor celeridad a los procesos con estos cambios. Entre las principales modificaciones se encuentra la incorporación de la oralidad a los procesos civiles.

Una vez más el gobernador se mete con la justicia y en esta ocasión les remarcó a los magistrados deberán realizar un “gran esfuerzo de gestión”, ya que si no acompañan, los plazos podrían demorarse de todas maneras. Como ejemplo el gobernador señaló que en el caso del Código Procesal Penal aún no se está aplicando a “rajatabla” el riesgo procesal.

La idea es que la iniciativa pueda sancionarse durante el primer trimestre del próximo año. También anticipó que se está trabajando para reformar el Código Procesal Administrativo y kis Códigos de Procedimientos de Familia.

El primero en tomar la palabra durante la presentación fue el presidente de la Corte, quien remarcó la “predisposición” de todas las partes para trabajar en el proyecto. Además destacó la incorporación de los tribunales de gestión asociada y la oralidad en las audiencias.

Por su parte el gobernador también enumeró algunos de los cambios: “El proyecto agrega las audiencias orales, expediente electrónico y modernizaciones que harán más ágiles los procedimientos civiles, por ejemplo los juicios chicos como un desalojo, que dura 4 años, aspiramos a que termine en 6 meses”, explicó Cornejo.

El subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, explicó que tras la reforma del Código Civil de la Nación, que se realizó el año pasado, la provincia necesitaba adaptar su código ya que se crearon nuevos institutos y reglamentos a los que deben adaptarse todas las provincias. En este punto el gobernador remarcó que la provincia de Mendoza será la primera del país en adecuarse a los cambios.

Con este cambio de los procedimientos se realizarían dos audiencias: por un lado una donde se presentarán las pruebas y una segunda donde se juzga. Al introducir la oralidad se busca reducir los procesos ordinarios a 90 y 120 días, cuando actualmente tienen una demora que ronda los 5 años.

 “Lo cambios abarcan todos los procesos civiles; daños y perjuicio, mala praxis, accidentes de tránsito y causas de defensa del consumidor, entre otros”, añadió el subsecretario de justicia.