Imagen ilustrativa.

Luego de una acusación de la Federación Cuyana de Veteranos de Malvinas (Fecumeva), el gobierno le suspendió el pago de la Pensión Provincial “Malvinas Argentinas” a personas que la estaban percibiendo sin ser veteranos de guerra. Además, los denunciará penalmente y buscará recuperar el dinero que recibieron. La medida fue publicada este martes, a través del decreto 479, en el Boletín Oficial.

José Luis Núñez y Lucio Mario Candia, presidente y secretario de la Fecumeva, alertaron sobre la posibilidad de que ciudadanos estén cobrando ese beneficio sin cumplir el requisito fundamental, es decir, haber prestado servicios en las islas durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.

Es por eso que se solicitó al Ejército Argentino, a la Armada Argentina, a la Fuerza Aérea Argentina, a la Prefectura Naval Argentina y a Gendarmería Nacional información para determinar si Ernesto Alberto Aguier, Jorge Horacio Pereira, Juan Carlos Estrella, Dante Ariel Torres, Jorge Alberto Vanella y Jorge Nicolás Tula figuraban en los registros del Ministerio de Defensa de la Nación.

Ante la falta de documentación, el Estado decidió “suspender preventivamente el pago de la Pensión Social Provincial Malvinas Argentinas a los beneficiarios denunciados”.

Además, en tanto no se produzca prueba que altere los hechos comprobados, “correspondería calificar en definitiva los vicios de que adolecen los actos administrativos de otorgamiento, los que a su criterio se encuentran groseramente viciados y devienen inexistentes, debiéndose implementar de forma inmediata acciones tendientes al recupero de los montos ilegítimamente abonados a los beneficiarios”.

Qué dicen los registros

Los documentos oficiales indicaron que estos ciudadanos “no están considerados Veteranos de Guerra de Malvinas” por la Armada Argentina ni para la Prefectura Naval. Tampoco se encuentran registrados en la base de datos de personal de la Fuerza Aérea que tuvo participación en el conflicto del Atlántico Sur ni formaron parte del “Escuadrón Alacrán” Gendarmería Nacional.

El decreto publicado este martes indicó que solo se “tiene registro de Torres, Dante Ariel quien cumplió funciones fuera de la jurisdicción del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), motivo por el cual no se encuentra en los registros del Ministerio de Defensa”.

Suspensión de la pensión y denuncia penal

Con base en esta información, la Oficina General de Sumarios, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, determinó que “se puede sostener que no son considerados Veteranos de Guerra”.

“Que es el propio Ministerio de Defensa quien informa claramente que Vanella, Estrella, Tula, Pereira y Augier no son considerados Veteranos de Guerra y que los correspondientes certificados presentados (excepto el de Pereira que no se presentó) no corresponden, en su contenido, con los nombres de los causantes, por lo que se desconoce la veracidad de dichos certificados“, dice el texto.

La Oficina General de Sumarios sugirió que se realicen denuncias penales contra Vanella, Estrella, Tula y Augier, y que se declare la lesividad de los decretos que otorgaron las pensiones Malvinas Argentinas en todos los casos.

En cuanto a Torres, el decreto dice que “ha sido reconocido como Veterano de Guerra de la FAA por Resolución Nº 231/00, con título honorífico, aún cuando no ha participado del TOM o del TOAS, pero no surge del link sugerido por el Ministerio de Defensa en orden 50 que el mismo se encuentre en el listado de Veteranos de Guerra por lo que debería determinarse si corresponde o no continuar con la liquidación de la pensión en cuestión, con la información recabada”.

De esta manera, en el documento firmado por el gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez se determinó “suspender el pago de la Pensión Social Provincial ‘Malvinas Argentinas’ a los beneficiarios denunciados”.

Además, se dispuso “remitir compulsa al Auditor de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, al Honorable Tribunal de Cuentas así como también a la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos a fin de que investigue las conductas denunciadas y su posible encuadre legal en tanto puede haberse incurrido en la comisión de delitos previstos en diversas normas del Código Penal Argentino“.