La Cámara de Senadores dio luz verde a la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que el Gobierno nacional impulsó como parte de un acuerdo estratégico con los mandatarios de las provincias andinas, incluyendo a Mendoza.
La votación terminó 40 a 31, con una abstención. En el caso de los representantes mendocinos, los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri -aliados del Ejecutivo- acompañaron, mientras que Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, no acompañó.
El objetivo central es dotar a la ley de una mayor “dinámica“, eliminando aspectos del marco vigente para destrabar y potenciar los desembolsos en los sectores de minería e hidrocarburos. Mediante esta reforma, el Poder Ejecutivo busca redefinir el alcance de las zonas protegidas, permitiendo la explotación productiva en áreas periglaciares que hasta ahora se encontraban blindadas para cualquier actividad industrial o extractiva.
El corazón del proyecto oficial introduce una distinción técnica fundamental al hablar de las “formas periglaciares”. La nueva ley alienta a diferenciar entre aquellas estructuras que operan como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas, de aquellas que no cumplen necesariamente con esa finalidad y resultan aptas para la utilización económica. Bajo este esquema, el territorio periglaciar ya no gozará de una protección automática total y solo quedarán afuera de la explotación aquellas formaciones que posean una función hídrica fehacientemente comprobable.
Cabe recordar que la normativa anterior, vigente desde 2010, protegía de igual manera tanto a los glaciares visibles como a las formas periglaciares compuestas por suelos congelados, agua dulce, roca y sedimentos.
Estos ecosistemas de alta montaña funcionan como reservorios de agua dulce y son vitales para la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico. Con el cambio sancionado, se mantiene la prohibición estricta sobre los glaciares, pero se habilita una ventana para proyectos de inversión en áreas periféricas que no tengan una relevancia hídrica certificada por los organismos técnicos.
Para tal fin, la ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección estará bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) -con sede en Mendoza, coordinado por la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación. Este organismo deberá individualizar los cuerpos de hielo y las formas periglaciares en todo el país, categorizando específicamente cuáles de estas últimas cumplen funciones hídricas.
Las actividades prohibidas seguirán siendo aquellas que alteren de modo relevante la condición natural de los glaciares, tales como la exploración minera, la infraestructura pesada o el vertido de químicos, mientras que se mantienen permitidas las investigaciones científicas y los deportes no motorizados.
Una de las principales diferencias respecto al planteo original de la Unión Cívica Radical es que la norma aprobada transfiere a las provincias la facultad de determinar qué áreas proteger y cuáles no, permitiéndoles proponer modificaciones al Inventario Nacional tras evaluaciones ambientales.
Esta postura se fundamenta en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. No obstante, el proyecto cosecha el firme rechazo de asambleas ambientalistas y de la Conferencia Episcopal Argentina, quienes advierten que la protección del agua dulce es un pilar estratégico que no debe ser negociado frente a intereses sectoriales de corto plazo, denunciando una “regresión ambiental” que vulnera acuerdos internacionales como el de Escazú.
La intervención de Fernández Sagasti
“Me hubiera gustado haber discutido un poco más esta ley. Es una ley que, según acuerdos internacional, necesita más participación y no ocurrió. En menos de 24 horas se firmó el dictamen. Cuando empezó el tratamiento de esta ley, nos pusieron sobre nuestras bancas las modificaciones”, comenzó la legisladora kirchnerista.
Para Fernández Sagasti, “es una ley profundamente política y social, pero también técnica. No estamos discutiendo una ley de presupuesto ambientales o una ley ambiental, sino cómo se gobierna la Argentina en un contexto de profundo endeudamiento. Cómo vamos a afrontar el endeudamiento y cómo vamos a hacernos de los dólares para producir en la Argentina“.
Insistió en que “no es un debate técnico” porque “es sobre qué país queremos construir y cómo afrontamos las decisiones irreversibles que vamos a tomamos hoy. Si hoy habilitamos que se pueda explotar un glaciar, ese glaciar desaparece. Tarda años en formarse y ni con todo el oro del mundo lo vamos a volver a tener”.
“Los glaciares no son solamente un paisaje, son la reserva hídrica de los argentinos. Esto no es una modificación técnica o de interpretación. Se flexibilizan los estándares ambientales. Va a ser un retroceso. Pasamos de un paradigma científico del IANIGLA, con sede en Mendoza, a un criterio discrecional político”, aseguró en uno de los tramos de su alocución.
