El Gobierno se valió de la ley de emergencia sanitaria, sancionada a fines del año pasado, para suspender el pago del adicional por productividad en la totalidad de los efectores de la provincia durante 180 días. Esta medida no cayó nada bien en los gremios y el clima se enardece antes del comienzo de la discusión paritaria.

Tras conocer la decisión del gobierno los gremios se pusieron en pie de lucha y amenazan con tomar medidas de fuerza, además de ir a la justicia a denunciar esta situación. Desde ATE, Raquel Blas, aseguró que la productividad es una ley provincial y nacional. “Es un ítem remunerativo, es ilegal e inconstitucional, esto incrementa el malestar”, sostuvo.

De hecho señaló que en algunos estatales la mayor productividad representa un porcentaje importante de los salarios. “Estamos complicados con el tarifazo, los aumentos de precio, la devaluación y la única medida del gobierno es recortar o despedir“, añadió. 

Entre los argumentos del decreto Nº 101, publicado en el Boletín Oficial, utilizan la ley de emergencia sanitaria, que en su artículo 6 establece que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes tiene “la facultad de disponer de las medidas necesarias para llevar a cabo la reorganización administrativa y funcional del Ministerio a fin de asegurar el pleno funcionamiento de los servicios de salud de todos los niveles prestacionales”. En su momento esa ley fue muy resistida por los gremios más combativos.

Lo cierto es que esta es una medida más de las que viene tomando el Gobierno para hacer un “reordenamiento” de la herencia que les dejó el ex gobernador, Francisco Pérez. Esta vez fue el turno del Ministerio de Salud, ya que era una de las áreas exceptuadas de los congelamientos de ingreso y a donde fueron a parar varios “amigos” de la gestión anterior.

El ministro de Salud, Rubén Giacchi, salió a defender la medida y explicó que esta suspensión del pago del adicional abarca al 38% de los trabajadores. En primer lugar explicó que la mayor dedicación se da por dos motivos: para mejorar la atención de un servicio y para el cumplimiento de la misma. “No es un bien adquirido de parte de los trabajadores”, explicó el funcionario de Alfredo Cornejo, en contraposición a la postura gremial.

“Estuvimos revisando y hay un incumplimiento notorio de parte de los profesionales que no cumplían con todas las horas de trabajo y si lo cumplía su tarea no se veía reflejada”, aclaró. El ministro indicó que corroboraron que en muchos casos marcaban tarjeta en el horario de entrada, no cumplían sus funciones en el lugar y volvían para marcar la salida.

Con esta medida el gobierno se ahorrará casi siete millones de pesos mensuales y la idea es redistribuirlo de acuerdo a las necesidades. “Queremos poner en marcha el hospital Carrillo, la UDI del hospital Metraux que está vacía de profesionales, en realidad se trata de realizar un reordenamiento de recursos humanos para potenciar estructuras de salud”, indicó Giacchi. Esta decisión de suspender las horas extras se aplicará durante 180 días y podría extenderse por más tiempo.

Además desde Salud seguirán revisando los contratos que, según señalan, ingresaron en forma irregular y probablemente en poco tiempo haya novedades sobre esas designaciones.