El juez federal Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales, desistió de apelar ante la Cámara Federal el procesamiento dictado por su par de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, y anticipó que recurrirá a la justicia internacional.

A pocos días de que se conozca el fallo de la Cámara Federal de Mendoza sobre las apelaciones, Bento renunció a ese trámite legal porque sostuvo que “la resolución que confirma nuestros procesamientos ya está escrita (desde hace semanas o tal vez meses)”.

De esta manera, la confirmación de su procesamiento se da casi de hecho. A partir de ahora, habrá que ver qué decisión toma el Consejo de la Magistratura.

A través de una carta firmada junto a su esposa Marta Boiza, también procesada, Bento lanzó duras acusaciones contra la Cámara Federal de Mendoza -conformada por Juan Ignacio Pérez Cursi, Alfredo Rafael Porras, Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro-, a la que acusó de no ser un tribunal imparcial que “convalidó sistemáticamente las irregularidades ocurridas en la causa”.

“El trámite de la causa evidencia la construcción de una imputación falsa para lograr ese objetivo, de la que no fue ajena la Cámara Federal”, agregó el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, procesado por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo.

En el documento, Bento detalla cómo -a su entender- el fiscal Dante Vega construyó “una imputación falsa” a partir de testimonios de detenidos, condenados y procesados. “La imputación se construyó con esta prueba, y la Cámara Federal que ahora debería resolver imparcial y objetivamente los recursos que desistimos ya avaló la actuación del Fiscal”, reclamó el juez, que volvió a denunciar “una estrategia de lawfare orquestada por el poder político” y “una operación de prensa planificada”.

Bento, que gracias a sus fueros no está preso, sigue en funciones y hasta tiene competencia electoral, por lo cual sus decisiones son clave para futuro de las legislativas en la provincia. Su caso es analizado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que aún no tomó ninguna decisión sobre su continuidad en el cargo.