El Gobierno rechazó el pedido de una empresa proveedora del Estado para reajustar los precios de las 10.000 bengalas UVA-150 que vendió a la Provincia para la campaña antigranizo 2023-2024. La firma había solicitado una recomposición contractual por el impacto de la devaluación de diciembre de 2023 en sus costos de importación, pero la administración provincial consideró que no presentó pruebas suficientes para justificar el incremento.
La decisión quedó formalizada mediante un decreto fechado el 22 de septiembre de 2026, y publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma confirmó el rechazo que había dispuesto el Ministerio de Producción en octubre de 2025 y desestimó también la presentación posterior de la empresa.
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El principal argumento del Ejecutivo fue que la compañía no logró demostrar que el costo de reposición de los insumos hubiera superado el precio que había cotizado al participar de la licitación. Según la normativa provincial, esa acreditación resulta indispensable para habilitar una adecuación de precios en este tipo de contrataciones.
El reclamo de la empresa
La empresa había resultado adjudicataria de la provisión de 10.000 bengalas UVA-150 mediante el Decreto 1976/23. La orden de compra se emitió el 29 de septiembre de 2023 y la entrega del material se completó entre enero y febrero de 2024, en coincidencia con el cierre de la campaña antigranizo de esa temporada.
El 26 de diciembre de 2023, la empresa solicitó un reajuste de precios al argumentar que la devaluación del tipo de cambio oficial y el consecuente aumento de los costos de importación habían alterado la ecuación económico-financiera del contrato. En su presentación, sostuvo que la depreciación del peso, superior al 130% según su planteo, había vuelto excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
El proveedor también explicó que algunas facturas de insumos importados correspondían a fechas anteriores a agosto de 2023 porque los productos ingresaban al país varios meses después de su adquisición. Según su argumento, esa anticipación era necesaria para participar de las licitaciones y cumplir con los plazos de entrega exigidos por la administración.
Sin embargo, el análisis técnico incorporado al expediente determinó que la documentación no respaldaba el pedido. De las 13 facturas presentadas, la única correspondiente al período comprendido entre la licitación y el reclamo no mostraba una variación significativa respecto de los insumos adquiridos antes de la oferta. En cambio, las facturas que reflejaban aumentos cambiarios sustanciales correspondían a junio de 2024, cuando las entregas ya habían sido completadas.
El rechazo
El decreto se apoyó en el artículo 150 del Decreto 1000/15, reglamentario de la Ley de Administración Financiera provincial. Esa disposición establece que el proveedor debe demostrar, mediante elementos objetivos, que se produjo una modificación significativa en su estructura de costos o en el costo de reposición de los bienes, hasta el punto de tornar excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato.
Para el Gobierno, la devaluación de diciembre de 2023, aún cuando constituyera un hecho económico de público conocimiento, no alcanzaba por sí sola para justificar una actualización. La Provincia sostuvo que era necesario acreditar cómo esa variación macroeconómica había impactado efectivamente en los costos de la contratación específica.
La administración también descartó el argumento de un supuesto enriquecimiento sin causa del Estado. Según el decreto, la empresa no aportó pruebas de haber ejecutado el contrato a pérdida ni de haber sufrido un perjuicio patrimonial concreto atribuible a esa operación.
Finalmente, el Ejecutivo rechazó el recurso jerárquico por haber sido presentado fuera de término. La firma lo había interpuesto el 10 de febrero de 2026, cuando el plazo había vencido el 3 de febrero. Aunque la presentación fue tratada como una denuncia de ilegitimidad, también fue desestimada en cuanto al fondo del reclamo, por lo que se mantuvo vigente el rechazo del reajuste de precios.