Este jueves por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó en general por 149 contra 100 votos el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que -como principal novedad- reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. 8 de 10 de los representantes mendocinos apoyaron la iniciativa que, tras obtener media sanción, deberá ser tratada en el Senado.
La iniciativa fue respaldado por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo y fue rechazada por el peronismo, y la izquierda.
Votaron a favor los mendocinos integrantes mendocinos de La Libertad Avanza Luis Petri, Álvaro Martínez, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Julieta Metral Asensio. Además, acompañaron los radicales con peluca Lisandro Nieri y Pamela Verasay y la diputada de Provincias Unidas Lourdes Arrieta. No dieron el visto buenos los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro. Solamente tomaron la palabra Martínez, Arrieta y Verasay.
“Quieren llevar el debate a la simpleza de que es un tema de edad cuando lo que estamos discutiendo es si la Argentina va a seguir mirando para otro lado mientras se cometen delitos graves y todo el mundo queda impune”, dijo durante su intervención Álvaro Martínez
“Pretenden crear una distracción cuando nos dicen que exigir responsabilidad es que queremos mano dura y que hablar de las víctimas es punitivismo. Este sistema es igual desde 1980, sancionado en la dictadura, que tanto combaten”, sostuvo el lujanino, que tuvo un cruce con el diputado Juan Grabois.
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“Gobernaron muchísimos años y tuvieron la oportunidad la oportunidad para cambiar esta ley y no lo hicieron. El kirchnerismo gobernó y nunca tuvo el coraje de hacerlo. Siempre veían el rédito político. La realidad cambió y la criminalidad juvenil también. Pero lo que no cambió nuca es esta ley”, sumó.
“Sigo convencido de que la edad debe ser 12 años, pero entendí que algo más importante que ganar una discusión es darle a la Argentina y Régimen Penal Juvenil completo. Por eso este dictamen fija 14 años. Es mentira que nosotros buscamos que los menores vayan a la cárcel. Esta ley tiene una finalidad educativa y para resocializar”, cerró. La impunidad no es inclusión, sino abandono”, cerró.
Por su parte, la radical Pamela Verasay aseguró: “Estamos acá para saldar una deuda. El régimen data de 1980 y no alcanzó con la reforma de la Constitución en 1994, donde nos mandaba a actualizarlo y aggionarlo al derecho moderno. Este Congreso también tuvo dos instancias en donde se discutió sobre la autonomía y la responsabilidad de los adolescentes y en la última reforma del Código Civil y Comercial”.
“Que hayamos hecho oídos sordos al tema es distinto a decir hoy livianamente que esto es un debate exprés. Me alegra que la política esté saliendo de su zona confort y que haya dejado el casete ideológico, poniendo los pies sobre la tierra para legislar sobre la cruda realidad que vive la sociedad. Estamos dando un paso para desarmar décadas de doctrina garantista”, esgrimió.
“Sabemos que no es una solución mágica, pero tampoco somos hipócritas. Bajar la imputabilidad a los 14 hace algo que se cae de maduro en la sociedad: los jóvenes cambiaron y hoy se reconoce que en ellos existe una capacidad progresiva de comprender el daño. Entonces, negar la responsabilidad de todo el daño, además de ser una brutal abandono, es una negación de la realidad. Eso sí es frente contra los derechos de los menores”, concluyó la diputada cornejista.
En tanto que Lourdes Arrieta -que ahora pertenece a Provincias Unidas luego de haber pasado por diversos bloques de la Cámara- manifestó que su acompañamiento “porque gobernar es construir acuerdos cuando el fondo es el mismo: darle un poquito de justicia a los ciudadanos argentinos y oportunidades reales para crecer y reinsertarse a aquellos jóvenes en conflicto con la ley”.
“Los cristianos creemos en el cambio, pero creemos también que existe una reparación. La persona debe hacerse cargo de sus actos. No hay una transformación verdadera sin asumir esa responsabilidad. No queremos que esto quede sólo en una ley. Somos los primeros responsables de que esto se haga efectivo. Que se cuide a los menores y que se respete el dolor de las familias. No estamos defendiendo el castigo. Estamos defendiendo que el Estado no sea hipócrita”, argumentó.
Además de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
En tanto que el proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.