Cuando todo parecía que el inesperado conflicto entre la Suprema Corte de Justicia y los jueces civiles se acercaba a su final, al cabo de una reunión convocada por la Sala Administrativa con los funcionarios y jueces civiles, los ministros que firmaron la acordada de la discordia pidieron más tiempo antes de hacer algún tipo de concesiones.

Los citados fueron los integrantes de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial (que trabó una acción de amparo), la Asociación de Magistrados y los jueces civiles, en vistas a buscar un acercamiento tras el rechazo a la resolución Nº 24.489. Del otro lado de la mesa, se encontraban Jorge Nanclares, Julio Gómez y Omar Palermo, los ministros que integran la Sala Administrativa, más Mario Adaro -que no pertenece a esa sala del tribunal-. 

El titular del gremio de los funcionarios, Marcelo Fekonja, manifestó que la reunión se había dado bajo un clima de tensión “porque cada uno dio a conocer y defendió su posición” y luego “se logró que al menos se le consultara al empleado que iba a ser trasladado si tenía la voluntad de hacerlo”.

La medida afecta a los secretarios, prosecretarios y administradores del Fuero Civil que ya están asignados a los tribunales de Familia.

Después de más de tres horas de negociación y cuando se iba a formalizar en un escrito los puntos de un acta acuerdo, los ministros solicitaron un día más antes de firmar el pacto de paz.

Esta situación fue muy mal recibida por los jueces civiles, por los promotores de la demanda civil y de las cautelares, que siguen su curso.

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“No sabemos por qué no pudimos lograr acercar las posiciones, pero creo que por parte nuestra ya no hay vuelta atrás“, sentenció el gremialista.

Una demanda civil por los traslados de personal 

Al margen de las reuniones institucionales, que Nanclares ya había anticipado que iban a ocurrir, todavía no hubo resolución a las medidas cautelares solicitadas, a cargo del conjuez Sergio Boverman.

Trascendió que en las últimas horas Boverman requirió un dictamen a la Fiscalía de Estado antes de resolver si suspende de manera preliminar los traslados, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Desde la Corte, Nanclares había afirmado que iban a responder a la demanda y aseguró que “no se ha cometido ninguna ilegalidad”.